09/05/2012 - Nacionales
El Senado convirtió en ley la "Muerte Digna"
19:59 | La Cámara Alta votó la normativa que autoriza a los pacientes a rechazar tratamientos "cuando sean extraordinarias o desproporcionadas". No implica la eutanasia.



BUENOS AIRES (Perfil). El Senado convirtió en ley el proyecto de "Muerte Digna", luego de recibir 55 votos a favor de la normativa que autoriza a los pacientes a rechazar procedimientos, cirugías y "medidas de soporte vital, cuando sean extraordinarias o desproporcionadas en relación a las perspectivas de mejoría".

La iniciativa sobre Muerte Digna trata una modificación del artículo 2 de la ley 26.529, de Derechos del Paciente en su Relación con los Profesionales e Instituciones de la Salud, que establece que “el paciente tiene derecho a aceptar o rechazar determinadas terapias o procedimientos médicos o biológicos, con o sin expresión de causa, como así también a revocar posteriormente su manifestación de la voluntad”.

También se impone que los niños, niñas y adolescentes tendrán derecho a intervenir a los fines de la toma de decisión sobre terapias o procedimientos médicos o biológicos que involucren su vida o salud. Además, en el marco de esta potestad, “el paciente que presente una enfermedad irreversible, incurable o se encuentre en estadio terminal, o haya sufrido lesiones que lo coloquen en igual situación, informado en forma fehaciente, tiene el derecho a manifestar su voluntad en cuanto al rechazo de procedimientos quirúrgicos, de hidratación y alimentación, de reanimación artificial o al retiro de medidas de soporte vital; cuando sean extraordinarias o desproporcionadas en relación a las perspectivas de mejoría, o produzcan un sufrimiento desmesurado”.

El proyecto señala, por otra parte, la cuestión del consentimiento informado del paciente, es decir, la declaración de su voluntad -o, en todo caso, por medio de sus representantes legales-, emitida luego de recibir toda la información necesaria sobre su situación por parte del médico.

Por último, se deja en claro que el médico interviniente no estará sujeto a responsabilidad civil, penal ni administrativa, para evitar que estos casos vayan a la Justicia.

El primero en hablar fue el titular de la comisión de Salud y Deporte, el radical tucumano José Cano, quien afirmó que la medida apunta a "mitigar el dolor y los sacrificios de los pacientes y sus familiares". Y agregó: "Estamos garantizando derechos y recuperando el rol de arte de curar de los equipos médicos", sostuvo.

Cano, quien es médico de profesión, dijo que el proyecto "atiende a un reclamo social y es una adecuación que se debe la Argentina respecto de acuerdos internacionales sobre derechos humanos".

LAS VOCES. El kirchnerista bonaerense Aníbal Fernández, en tanto, se manifestó "enormemente satisfecho en representar la provincia de Buenos Aires en un tema tan importante como la defensa de los pacientes" y precisó que la propuesta no significa "de ninguna manera" apoyar la eutanasia.

A su vez, el popular neuquino Horacio Lores también abundó en argumentos a favor de la iniciativa, avalada por anécdotas de su experiencia como médico, anterior a su designación como senador nacional.

La santafesina aliada al oficialismo, Roxana Latorre, anunció su respaldo y pidió apoyo para la sanción.

La justicialista disidente salteña Sonia Escudero también anticipó su apoyo, pero cuestionó aspectos de la redacción del texto que a su entender "es ambigüa e imprecisa" y pidió que se retiraran del proyecto las palabras "alimentación e hidratación" entre las medidas que se consideran excesivas para el mantenimiento de la vida.

La reunión empezó a las 14.25 presidida por el titular de la Cámara, Amado Boudou, con la lectura de una declaración en homenaje al dibujante Caloi, fallecido ayer.

La normativa establece que "el paciente tiene derecho a aceptar o rechazar determinadas terapias o procedimientos médicos o biológicos, con o sin expresión de causa, así como también a revocar posteriormente su manifestación de la voluntad". En ese sentido, indica que el paciente terminal puede rechazar procedimientos, cirugías y "medidas de soporte vital, cuando sean extraordinarias o desproporcionados en relación a las perspectivas de mejoría".

También se establece que, en caso de que el paciente se vea impedido de dar su consentimiento, serán sus familiares o los responsables legales quienes deberán hacer conocer la decisión de prolongar la agonía por medios artificiales. En cambio, la ley no implica la legalización de la eutanasia ni el suicidio asistido, que sería facilitarle la muerte al paciente.

VB


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