La Fiscalía Especializada en Eventos Masivos de la Ciudad de Buenos Aires, a cargo de Celsa Ramírez, intimó a River para que presente documentación sobre el aforo excedido en el Superclásico del domingo, a su vez, se imputó al presidente Rodolfo D’Onofrio, y al presidente de Vélez, Sergio Rapisarda, tras comprobarse el incumplimiento en ambos estadios. Por tal motivo, se abrirá la investigación correspondiente.

A ambas autoridades se las imputa bajo la acusación de “violar” el artículo 205 del Código Penal, que tomó relevancia tras la llegada de la pandemia y que regula el comportamiento ciudadano ante las medidas emitidas por las autoridades para evitar la propagación del Covid-19. En este sentido, se acusa a ambas autoridades y comisiones directivas, por exceder el aforo permitido por el Gobierno Nacional. Este artículo prevé seis meses a dos años de prisión, de probarse el delito.

En el caso de River, para el Superclásico del domingo, el primero con público después de la flexibilización de las restricciones por el coronavirus, con el 50% de aforo permitido, podían ingresar unos 36 mil hinchas. Si bien el club reconoció que se había superado el límite en 800 personas, se estima que podrían haber presenciado el evento entre 10 y 15 mil fanáticos.

Su presidente D’Onofrio se defendió de las acusaciones, tras los allanamientos en el Monumental: “Si entró más gente de la debida, hay que encontrar al responsable; porque River tiene toda la tecnología para que eso no suceda”, sostuvo. “Hablaban de más de 50 mil personas y no tiene ningún tipo de lógica”, arremetió el presidente, pero advirtió: “Yo no soy experto en calcular aforo”.

En el caso del presidente de Vélez, Sergio Rapisarda, explicó que “se hizo foco en ajustar detalles de la capacidad permitida y trabajar en las medidas correctivas de las situaciones puntuales que no han sido cumplidas”, reconoció desde su rol de secretario de la “Liga Profesional de Fútbol”.