POSADAS. El titular de la Cesane (Cámara de Estaciones de Servicios y Afines del NEA), Faruk Jalaf, cargó contra la política impositiva y energética del gobierno nacional tras el nuevo incremento de los combustibles en YPF, por la aplicación del impuesto al dióxido de carbono, que desde las últimas horas fue trasladado al consumidor.

Según Jalaf, el acuerdo era que el impuesto iba a ser “absorbido por las petroleras, la única que hizo un sobreprecio sobre los surtidores fue YPF, ahora no sé si esto va a ser una tendencia a futuro”, puntualizó el empresario, en diálogo con MisionesCuatro. “YPF está complicada económicamente. Tiene un 60% del mercado, decidió que este incremento de impuestos se lo hacen pagar a las patroleras”, precisó.

En cuanto al contrasentido de incrementar precios cuando el Estado congeló lass tarifas de combustibles por 180 días, Jalaf explicó: “El Estado siempre exige el congelamiento de precios pero no congela los impuestos”.

“Nosotros en Misiones, seguimos con el combustible más caro de la república, con un incremento del 20%. No hemos logrado el cometido de equiparar (precios con Buenos Aires). En estos momentos hay 7 pesos de diferencia. Es más de un 10%, cuando tenemos el menor ingreso per capital del país”, insistió Jalaf, en tono crítico hacia la asimetría de precios de combustibles entre Misiones y Buenos Aires.

En esta línea, Jalaf remarcó que la inequidad en los precios de combustibles, en perjuicio de Misiones, se agrava porque “las distancias son mayores” y así se encarecen los productos que llegan a Misiones y los que se producen en la provincia.

La decisión de YPF, de subir sus combustibles un 0,24%, se conoció a pesar de que en los últimos días el Gobierno había dado señales de que no avalaría un alza en el precio de los combustibles.

En concreto, el sábado fue publicado en el Boletín Oficial el decreto 196/2020, que disponía el diferimiento en la aplicación de los impuestos a los Combustibles Líquidos y al Dióxido de Carbono. Según se explicaba en el sector, se entendía que el congelamiento de los precios iba a extenderse durante los 180 días de la emergencia económica.