En un comunicado, las entidades nucleadas afirman que “el Gobierno Nacional, de manera arbitraria, discriminatoria e ilegal, continúa con la decisión de no calcular, actualizar y determinar el precio de venta acorde a los costos reales que tiene la industria en abierta violación de la ley 26.093, situación que lleva más de 11 meses”.

En ese sentido, agregan: “La totalidad de las empresas elaboradoras de biodiesel continúan paralizadas porque no es posible producir con el precio fijado por el gobierno nacional, ya que el mismo resulta insuficiente para cubrir la compra de la materia prima y los demás costos de producción”.

La Ley 26.093 establece un mercado regulado donde se garantiza una rentabilidad razonable mediante una fórmula polinómica que contempla los costos de producción y que debe ser publicada periódicamente por la autoridad de aplicación, contemplando las variaciones de los costos y calculando un precio en función a ello.

En ese sentido, desde CEPREB, que nuclea a alrededor de 30 pymes distribuidas en el interior del país, señalan que la no publicación de precios “no hace otra cosa que contribuir a la destrucción de la industria nacional de biodiesel, beneficiando así los intereses de las empresas petroleras”.

La asociación ya había expresado su disconformidad a la Secretaría de Energía de la Nación en julio, y la demanda del efectivo cumplimiento de la ley. Sin embargo, no notaron cambios en su situación.

La entidad argumenta que “resulta inentendible que nuestro país, siendo uno de los principales productores mundiales de biodiesel, no cumpla desde hace más de 8 meses con los porcentajes legales de corte obligatorio”.

En el documento explicaron que eliminar el corte obligatorio de biodiesel le generará al país una salida de divisas por más de u$s 500 millones, adicionalmente a las divisas por las importaciones de gas oil, que actualmente ya viene realizando el estado nacional, “presionando aún más sobre las débiles reservas de dólares del Banco Central”.