Las consecuencias económicas y sanitarias de la pandemia del coronavirus situaron a los gobiernos del mundo ante un desafío sin precedentes: enfrentar grandes demandas urgentes y, al mismo tiempo, administrar los recursos de una forma eficaz y equitativa.

Los estados tuvieron que reorientar sus presupuestos a la aplicación de medidas fiscales de emergencia. Eso provocó, en muchos países, situaciones de desigualdad y falta de transparencia.

En ese marco, el International Budget Partnership (IBP), con sede en Washington, realizó una evaluación en 120 países entre marzo y septiembre del 2020. Indagó sobre cómo las maquinarias estatales redistribuyeron los recursos e informaron sobre los diferentes programas creados para mitigar los efectos de la pandemia. 

En ese contexto, el Gobierno argentino no logró pasó el examen: el IBP cuestionó su comportamiento en la aplicación del Ingreso Federal de Emergencia (IFE) y la Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP).

Según la presentación, el IBP seleccionó estos dos programas por tratarse de las políticas más importantes en términos de participación en el gasto público. “Mientras que el IFE representó el 75% del total de Gasto Social, el ATP significó el 63% del gasto en el Sector Privado, y, en conjunto, representaron el 51% del total de las medidas implementadas en respuesta a la crisis con impacto presupuestario”, explicaron.

En ese sentido agregan: “nuestro objetivo no era solo evaluar cómo les fue a los gobiernos, sino generar lecciones sobre cómo pueden responder mejor, tanto a la crisis actual de la COVID-19 como a las futuras. Nuestra investigación se centró en los tres pilares fundamentales: acceso público a información relevante, mecanismos de vigilancia adecuados y oportunidades para la participación ciudadana”.

La evaluación arrojó que la rendición de cuentas en Argentina fue “limitada”, al igual que en otros 54 países de los 120 evaluados. La información publicada sobre los fundamentos de las estimaciones originales y el impacto en las y los beneficiarios -entre otros datos relevantes- del ATP y el IFE fue “escasa”, mientras que la vigilancia por parte del Poder Legislativo y las oportunidades de participación ciudadana en la definición y el monitoreo de dichas políticas, fueron “mínimas”.