[vc_row][vc_column][vc_column_text]Realizadores y trabajadores audiovisuales expresaron su rechazo a nuevas reglas que, afirman, harán desaparecer del mapa cinematográfico a las pequeñas y medianas producciones, poniendo en juego la diversidad de voces en la industria.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_single_image image=”133939″ img_size=”full” alignment=”center”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]Si en abril último, coincidiendo con la apertura del Bafici, el desplazamiento de Alejandro Casetta como presidente del Instituto Nacional de Cinematografía y Artes Audiovisuales (Incaa) produjo una grieta entre la comunidad de cineastas y el organismo de fomento, en estos días, en coincidencia con el estreno nacional más esperado (Zama, de Lucrecia Martel ) y el anuncio, el viernes, de las películas argentinas que representarán al país en los Oscar y el Goya, los sectores que representan a una amplia variedad de realizadores y trabajadores audiovisuales expresaron hoy, en una conferencia de prensa, su enérgico rechazo a una reciente reglamentación de las nuevas condiciones necesarias para acceder al fondo de fomento del organismo, la número 924 (y sus anexos) que, según entienden, generará más trabas burocráticas y limitará la capacidad de producción poniendo en jaque a la industria.

“En los últimos años meses se sacó del Incaa gente capacitada y se los reemplazó por otros. Esto no es casual ni gratuito. Y tiene como consecuencia esta resolución que está hecha por gente de las leyes para asfixiar a la Ley de Cine. Iniciar un rodaje hoy, con esta modalidad, es una soga al cuello porque no respeta los tiempos reales de cualquier producción. En vez de fomentar, traba la producción. Lo que vemos, entonces, es que no hay una verdadera voluntad de fomento. Todo lo contrario. Si no se deroga esa norma, de acá a uno años no habrá cine argentino”, afirmo Virna Molina, parte de Realizadores Integrales de Cine Documental.

Para el cineasta Benjamín Naishtat, esta norma atenta contra la producción de pequeñas y medianas películas que representan más del 80 por ciento del total de la industria nacional. “La gran pregunta es por qué esto y la respuesta todavía no la tuvimos”, reconoce. El documentalista Gustavo Alonso remarcó otra situación: “El Incaa ahora viaja a San Sebastián donde hay un puñado de películas que, bajo la nueva resolución, no se podrían hacer. Entonces, buscan mercados internacionales pero, acá, se destruye a este tipo de producciones”, afirmó.

Durante el encuentro con la prensa se señalaron otros dos puntos centrales: la subejecución presupuestaria del Incaa y el urgente pedido para que el Ejecutivo nombre al nuevo Consejo Asesor, órgano de cogobierno del Incaa y garante de su funcionamiento democrático y transparente según lo establece la misma ley, que desde hace meses no está en funcionamiento.

“Medir el resultado de una película por la cantidad de público que concurre a verla en las salas es una mentira absoluta, porque partimos de un mercado de distribución absolutamente concentrado, en manos de cuatro empresas con capitales extranjeros que impiden la llegada de películas locales a las salas y, por otro lado, hay pocas copias para la exhibición. En el caso de los documentales, más allá del público que pueden verlos en una sala, esos materiales dan vueltas por universidades, en centros culturales, se suben a Internet y pueden tener muchas visitas porque tratan con profundidad temas que, en los medios masivos y comerciales, son banalizados. Y esa acusación de películas K que apareció [en referencia a las declaraciones de Hernán Lombardi en La cornisa] es hablar de no más de diez documentales de un universo compuesto por unas 700 que se hicieron desde el 2007 hasta ahora. Y otro tema que está dando vuelta en todo esto: se dice que se hacen 300 películas que no vio nadie. Bien, si lo medimos bajo ese criterio en el país sólo habría que dedicarse a la soja y a la extracción de minerales. Por eso vamos defender nuestro patrimonio”, apuntó Fernando Krichmar, de DOCA (Documentalistas Argentinos).

La cineasta Sandra Gugliotta, de Directores Independientes de Cine, resaltó el hecho de que en todo el amplio espectro vinculado al sector (desde actores hasta guionistas pasando grandes y pequeños productores) se haya juntado para rechazar esta nueva norma. “La resolución incluyó, por primera vez, la palabra financiación. Y diría que está llena de trampas porque es complicada su aplicación. Y de aplicarse, sólo favorecería un número muy pequeño de productores”, apuntó.

Como no podía ser de otro modo, se sobrevolaron otros temas: lo que interpretan como operaciones mediáticas (en tiempos de Casetta, en el programa Animales sueltos; en tiempos actuales, el reciente informe en programa de Luis Majul en el cual se denunciaron supuestas irregularidades cometidas en tiempos pasados), el rumor (siempre desmentido por el Gobierno) de una posible unificación de los ministerio de Cultura y Medios, y la preocupación por 300 trabajadores del Incaa cuyos contratos vencen a fin de año frente a la cantidad de nombramientos en áreas gerenciales que, sospechan, generará más burocracia interna.

“Lo que queremos es seguir haciendo cine, que es lo que sabemos. No estar acá”, sintetizó una de las representantes. Estuvieron presentes representantes de Directores Cinematográficos Argentinos (que congrega a varios colectivos), la Coordinadora de Juventud y Estudiantes Audiovisuales, la Asamblea Permanente en Defensa del Cine Argentinos y la Comunidad de Enerc, entre otros, a las 19, realizaron una concentración en la puerta del cine Gaumont, la sala más emblemática que depende del Instituto que, cuatro meses atrás, fue el lugar elegido para expresar otro fuerte momento de descontento. (LA NACIÓN)

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