La persistencia y la fuerza de la protesta social que desde el 18 de octubre mantiene en vilo a los chilenos convenció a los líderes de los partidos políticos, de la coalición gobernante y de la oposición, de la necesidad de llevar a buen puerto una áspera negociación para marcar los tiempos y elegir los mecanismos de la reforma.

La rebelión estudiantil contra el aumento de los boletos del subterráneo, germen de la reacción popular, se convirtió pronto en una demanda multitudinaria que denunció desigualdades sociales en un país que hasta hace poco tiempo era tomado como ejemplo de desarrollo por los defensores del neoliberalismo.

En las plazas de la mayoría de las grandes ciudades de Chile se sucedieron desde entonces las masivas manifestaciones y de ese escenario surgió después el reclamo de reforma constitucional, en el que algunos políticos chilenos vieron también la oportunidad de celebrar un nuevo contrato social y la vez una forma de aplacar las protestas.

El precio la apertura del debate sobre la nueva Constitución fue, sin embargo, muy alto. Al menos 22 muertos, miles de heridos y detenidos, saqueos, incendios, millonarios daños materiales y una grave afectación al desarrollo de la economía.

La imagen de Chile quedó afectada por la brutalidad de algunos agentes de la represión, mientras en los tribunales y las organizaciones de derechos humanos se acumulan las denuncias por aplicación de torturas, disparos contra civiles indefensos, abusos sexuales y todo tipo de maltratos.

La pregunta que se hacía hoy todo Chile es si el acuerdo político anunciado esta madrugada por los líderes de los partidos bastará para aplacar las protestas y servirá como freno a la violencia.

La Constitución que rige en Chile fue sancionada en 1980, durante la dictadura de Augusto Pinochet, y ha sido objeto de una veintena de reformas en el curso de la democracia.

Algunas semanas demoró la dirigencia política en comprender la necesidad de impulsar la reforma, al punto que el gobierno del presidente Sebastián Piñera evitó primero pronunciarse sobre esa demanda, luego declaró que estaba dispuesto a discutirla pero no como prioridad y finalmente anunció que se trataba de una cuestión de urgencia.

Pero dos días de intensas negociaciones entre las fuerzas con representación parlamentaria bastaron para poner en marcha el mecanismo, que incluirá un plebiscito en abril en el que la población se pronunciará por la necesidad de reformar la carta magna y elegirá el marco legal dentro del cual se desarrollará el debate.

Las opciones que ofrece la clase política son las de una “convención mixta constitucional”, compuesta al cincuenta por ciento por parlamentarios y otra mitad por ciudadanos electos o una “convención constitucional”, para la que todos sus integrantes serán electos para este efecto.

La elección de los miembros de ambas instancias se realizará en octubre de 2020 conjuntamente con las elecciones regionales y municipales bajo sufragio universal.

El órgano constituyente que se elija deberá aprobar las normas y el reglamento de votación por un quorum de dos tercios de sus miembros.

“Hoy tenemos la oportunidad de generar entre todos una Constitución en la que todos nos sintamos parte y en la que todos nos sintamos interpretados”, dijo el socialista Álvaro Elizalde a la hora de anunciarse el acuerdo.

“Esperamos que a partir de ahora los chilenos todos juntos comencemos a soñar con nuestra nueva Constitución”, coincidió Mario Desbordes, de la centroderechista Renovación Nacional.

Heraldo Muñoz, quien fuera canciller en el gobierno de Michelle Bachelet, se mostró conforme con el resultado de la negociación, pero dejó en claro que aún queda trabajo por hacer.

“Me parece que ahora viene el desafío de validar esto ante la ciudadanía y hacer todo lo posible por construir un Chile mejor, más justo, con una Constitución que no tenga como doctrina un Estado subsidiario, sino que sea un Chile para todos”, opinó.