“Hasta el momento podemos informar que el padrón electoral provisorio para el Plebiscito Nacional 2020 está constituido por 14.404.405 electores y electoras habilitados para sufragar, con 7.379.365 mujeres, 7.025.050 varones y 266.162 inhabilitados”, apuntó el presidente del Consejo Directivo del Servicio Electoral (Servel), Patricio Santamaría.

El plebliscito fue convocado oficialmente el viernes por el presidente Sebastián Piñera, en un acto en La Moneda, sede del Ejecutivo, y en él los chilenos tendrán que decidir si quieren una nueva Carta Magna y qué mecanismo debería redactarla.

Las dos opciones entre las que se podrá elegir son una “convención mixta”, formada a partes iguales por los actuales parlamentarios y ciudadanos electos; o una “convención constituyente”, integrada solo por personas escogidas únicamente para ese fin.

Si el plebiscito es aprobado, la elección de los constituyentes se realizará en octubre, coincidiendo con las elecciones regionales y municipales, y la nueva Constitución -que debe redactarse en un máximo de un año- se ratificará en otro plebiscito, este con voto obligatorio.

Según la última encuesta Cadem, el 86% de los chilenos está a favor de una nueva Ley Fundamental y un 61% apoya una convención constituyente y un 36% una convención mixta, informó la agencia de noticias EFE.

El sondeo también refleja que la gran mayoría es partidaria de incluir cuotas de género, para indígenas e independientes en la redacción del nuevo texto, una cuestión que se está debatiendo actualmente en el Parlamento.

La redacción de una nueva Carta Magna es uno de los principales clamores del estallido social que vive Chile desde hace más de dos meses, el más grave desde el retorno a la democracia y que ya se cobró la vida de, al menos, 24 personas y provocó miles de heridos.

Los manifestantes culpan a la actual Constitución, reformada más de 40 veces, de ser el origen de las grandes desigualdades del país, pues le concedió al Estado un rol “subsidiario” (secundario) en la provisión de recursos básicos como la salud, la educación o las pensiones, lo que favoreció su privatización.

El plebiscito se pudo convocar gracias a una ley y a un histórico acuerdo alcanzado en noviembre entre casi todas las fuerzas parlamentarias, ya que la actual Constitución no permite convocar consultas ciudadanas para ese fin.

Mientras que el oficialismo está dividido y los sectores más derechistas del Gobierno no quieren el cambio constitucional, la oposición se declina por una asamblea en la que todos los constituyentes sean ciudadanos electos.