La Sala de Instrucción del organismo notifica que “se definió la situación jurídica del senador Álvaro Uribe Vélez”, quien se encuentra bajo arresto domiciliario preventivo “como presunto determinador de los delitos de soborno a testigo en actuación penal y fraude procesal” y espera que realice el trámite correspondiente, según publica El Tiempo.
Según la Ley Quinta, en su artículo 277, “el ejercicio de la función de congresista puede ser suspendido en virtud de una decisión judicial en firme” y será la Comisión de Ética y Estatuto la encargada de pronunciarse y comunicarlo al Senado en un plazo de cinco días.
El máximo tribunal ordenó la detención domiciliaria de Uribe el pasado 4 de agosto, tras determinar que hay riesgos de que obstruya la justicia en el caso que se le sigue, desde el año 2018, por fraude procesal y soborno de testigos, que presuntamente recibieron compensaciones a cambio de ofrecer testimonios para favorecer al expresidente de Colombia.