Además de las autoridades locales hay otros seis detenidos en el llamado “caso diamante”, que investiga las supuestas irregularidades en la adjudicación de contratos, informó durante una conferencia de prensa el director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Walter Espinoza.
Por este caso se realizaron al menos 40 allanamientos en varios municipios del país, donde los alcaldes de Cartago, Mario Redondo; Alajuela, Humberto Soto; Osa, Alberto Cole; San Carlos, Alfredo Córdoba; y Araya, de San José, habrían incurrido en licitaciones fraudulentas, pagos adelantados, sobornos, dádivas y ventajas para la obtención de los contratos públicos a favor de varias empresas, entre ellas, la constructora MECO.
Al menos 84 oficinas de la empresa investigada, las dependencias municipales y del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, fueron requisadas por la Policía Judicial y la Fiscalía Anticorrupción en búsqueda de evidencias que sustenten las acusaciones, que apuntan a adjudicación irregular de obras de vialidad.
Según el fiscal adjunto de la Fiscalía Anticorrupción, Glen Calvo, la presunta red de corrupción “estaba conformada por los alcaldes o personas particulares, quienes a cambio de dádivas u otra retribución han intervenido para generar beneficios indebidos principalmente para la empresa MECO, dentro de procesos de contratación administrativa y procesos presupuestarios”.
Y recalcó que esta causa se investiga al menos desde 2019 y se trata de una pesquisa distinta a la del “caso Cochinillas”, que también involucraría a MECO, una empresa de origen costarricense que tiene presencia en Panamá, Colombia, Nicaragua y El Salvador, y que ejecuta al menos 90 proyectos en la actualidad, según consta en su página web.
