DISTRITO FEDERAL DE MÉXICO. El ex procurador general de México Jesús Murillo Karam comparecía este sábado ante las autoridades tras ser arrestado y acusado de “desaparición forzada, tortura y delitos contra la administración de la Justicia” en el marco de la investigación por la desaparición forzada de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en 2014.
Según publicó Télam, Murillo Karam es el más alto exfuncionario detenido por la desaparición de los estudiantes ocurrida en el sureño estado Guerrero.
La audiencia, en la que el juez determinará si fue legal la detención que realizó la Fiscalía General de la República, se inició en la mañana de este sábado en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México, donde fue trasladado el ex procurador tras ser arrestado en su casa de un exclusivo barrio capitalino.
Durante el arranque de la audiencia inicial, el Ministerio Público Federal apoyó sus constancias documentales con el testimonio de dos personas de identidad reservada y que presuntamente fueron sobrevivientes de actos de tortura por parte de funcionarios de la Procuradoría que lideraba Murillo Karam durante la investigación en torno al llamado Caso Iguala.
Pero como la Fiscalía no había entregado las constancias del expediente que conforman la causa penal, la defensa del exfuncionario solicitó una hora para conocer los argumentos que presentará esta y se decretó un receso de una hora, reportó el diario La Jornada.
El abogado de los familiares de los 43 estudiantes, Vidulfo Rosales, consideró la detención de Murillo Karam “un paso importante”, pero se mostró escéptico sobre sus eventuales revelaciones.
Procurador durante el Gobierno del presidente Enrique Peña Nieto (2012-2018), Murillo llegó a ser un peso pesado del Partido Revolucionario Institucional (PRI), que gobernó a México 71 años ininterrumpidos hasta diciembre de 2000.
Poco después de su arresto, la Fiscalía reveló órdenes de detención contra 20 militares y 44 policías, además de otras 19 contra cinco funcionarios estatales y 14 miembros del cártel Guerreros Unidos, presuntos ejecutores del crimen.
Su captura se produjo horas después de que el presidente, Andrés López Obrador, pidiera “verdad” y castigo a los responsables de la desaparición de los alumnos, tras la publicación el jueves del reporte de una comisión gubernamental que investiga el caso desde 2019 y lo considera un “crimen de Estado”.
El documento sostiene que militares y funcionarios, por sus “acciones, omisiones o participación”, permitieron el secuestro y muerte de los estudiantes de la escuela normal de Ayotzinapa y seis personas más a manos del cártel del narcotráfico Guerreros Unidos.
La desaparición de los jóvenes se produjo entre la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014, cuando se dirigían a la ciudad de Iguala, en el estado de Guerrero, para tomar el transporte en el que pretendían viajar a Ciudad de México para participar en unas protestas.
Este episodio, que generó una fuerte condena internacional, constituye una de las peores violaciones de derechos humanos en México, donde hay unos 100.000 desaparecidos.
En presencia de los secretarios de Defensa, Luis Cresencio Sandoval, y de la Marina, José Rafael Ojeda, el presidente sostuvo que la participación de “malos servidores públicos” en los hechos de Ayotzinapa no supone el “mal funcionamiento de una institución”. Más aún, consideró que las revelaciones de la comisión las fortalece “si se castiga a los responsables”.
El informe menciona “responsabilidades claras de elementos” de las secretarías de la Defensa y la Marina destacados en el lugar de los hechos, pero advierte que se debe seguir investigando hasta dónde llegó esa participación.
En tanto, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), creado por un acuerdo entre el Gobierno de Enrique Peña Nieto y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), sostiene que militares manipularon pruebas en un basurero donde fueron encontrados restos humanos, incluidos los de los tres únicos estudiantes identificados hasta ahora.
Los hallazgos de ese grupo y la comisión gubernamental echan por tierra gran parte de la llamada “verdad histórica” planteada por el Gobierno de Peña Nieto y presentada oficialmente por Murillo Karam.
Según esa versión, los jóvenes fueron detenidos y entregados por policías locales a Guerreros Unidos al ser confundidos con miembros de una banda enemiga.
Tras ser baleados, sus restos fueron incinerados y arrojados al basurero de Cocula, según la misma tesis, rechazada por familiares, el Gobierno de López Obrador y la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los derechos humanos.
El mandatario anunció que seguirá insistiendo ante Israel para que extradite a Tomás Zerón, exjefe de la Agencia de Investigación Criminal, que trabajó bajo órdenes de Murillo Karam.
La extinta Procuraduría fue reemplazada en 2018 por la Fiscalía General que, a diferencia de la anterior, tiene autonomía del Gobierno.
