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El escrutinio definitivo en Perú puede demorarse hasta tres semanas

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Las autoridades electorales peruanas advirtieron que el proceso puede demorar aún más debido a la gran cantidad de solicitudes de nulidad y apelaciones presentadas por los dos partidos.

El escrutinio definitivo en Perú puede demorarse hasta tres semanas

PERÚ. La Justicia electoral de Perú retomó este lunes la resolución de las actas del balotaje del 6 de este mes que fueron impugnadas u observadas e impedían proclamar al ganador debido a lo ajustado del resultado de los votos computados, en medio de un clima de tensión y múltiples reclamos y apelaciones.

Según trascendió las autoridades electorales citadas sin identificar advirtieron que el proceso puede demorar hasta tres semanas más, debido a la cantidad de solicitudes de nulidad y apelaciones presentadas por los dos partidos.

Pedro Castillo continuaba aventajando este lunes a Keiko Fujimori por poco más de 48 mil votos entre más de 17,6 millones de sufragios válidos computados (50,14 por ciento a 49,86 por ciento), según el escrutinio de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) ya se había pronunciado este lunes acerca de ocho de las 56 actas de votación que estaban pendientes desde el domingo.

Al margen de la resolución de esas actas, el JNE debe pronunciarse sobre 1.090 solicitudes de anulación de actas, de las cuales 942 fueron interpuestas por Fuerza Popular (FP, el partido de Fujimori) y 148, por Perú Libre (PL, la agrupación de Castillo).

270 de esos pedidos ingresaron a los respectivos Jurados Electorales Especiales dentro del plazo legal, vencido a las 20 del miércoles pasado, mientras los restantes se presentaron fuera de término.

Por otra parte, la tensión crecía a raíz de una convocatoria, hecha desde el domingo a través de redes sociales, a una manifestación a última hora del lunes frente a la casa del presidente de la ONPE, Pietro Corvetto.

Esa convocatoria se sumó a numerosas publicaciones en los últimos días, algunas de las cuales hostigaban o amenazaban a las autoridades electorales y otras pedía o auguraban una intervención militar. Esto último fue desestimado la semana pasada por el Ministerio de Defensa.

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