Desde que la pandemia llegó a Santiago de Chile, Johannie ha intentado alejarse de las 774 familias que viven en su edificio. Está preocupada porque ya hay diez residentes contagiados con coronavirus y su hijo de 11 meses es inmunodeficiente.
En los 30 metros cuadrados que comparte con su madre y el niño hay un nivel de higiene “exagerado” —reconoce—, pero mantener la distancia con los demás habitantes no es fácil: los pasillos de su edificio son estrechos, hay pocos ascensores y en la enorme torre de 32 pisos viven más de dos mil personas.
Aunque a veces le perturba que los vecinos hablen alto o deambulen por los corredores, Johannie no quiere salir ni para pedirles que bajen el volumen.
La mayoría son migrantes venezolanos como ella, profesionales que llegaron a la céntrica comuna de Estación Central, atraídos por los precios y las facilidades legales que las corredoras les dan para arrendar esos pequeños departamentos en torres gigantes que se construyeron donde antes había un puñado de casas antiguas.
En solo dos años, este municipio aprobó la construcción de 75 edificios como el de Johannie, de entre 30 y 43 pisos de altura, sin ningún límite de densidad, es decir, sin ninguna regulación sobre cuántos departamentos podían construirse en esa superficie.
Así, se levantaron entre 200 y 700 departamentos por edificio, en los que los ductos de la basura se repletan y se atascan frecuentemente y no se cuenta con suficiente iluminación ni ventilación. Tampoco existe regulación sobre cuántos metros mínimos deben tener las viviendas para permitir una vida digna.
Hay departamentos de entre 28 metros cuadrados —para estudios de un sólo espacio— a 46 metros cuadrados, para dos dormitorios y dos baños. En los más pequeños, luego de poner una cama, una mesa y un refrigerador, la persona sólo puede dar cinco pasos de lado a lado.
La gran cantidad de gente habitando ese espacio reducido creó una pequeña ciudaddentro de las torres, que incluso tiene horas pico de tránsito: de regreso del trabajo, los miles de residentes llegan a esperar hasta 15 minutos haciendo colas en pasillos estrechos para poder subir al ascensor.
Con 30 pisos de altura, las escaleras no son una alternativa.
Hoy la comuna tiene casi 10.500 habitantes por kilómetro cuadrado —más que Hong Kong o Singapur—, lo que implica un enorme desafío en medio de una pandemia en la que se debe mantener distancia social.
La situación es especialmente crítica para quienes no pueden soportar una cuarentena tan prolongada sin trabajo y necesitan sobrevivir de cualquier manera.
En las torres, una de las formas más populares es la venta por delivery de más de 200 productos de toda clase: desde hamburguesas hasta pantuflas.
Pese al riesgo de contagio —y a que este comercio informal puede ser sancionado— , todos los días cientos de residentes salen de sus departamentos y recorren los pasillos para entregar sus pedidos, cruzándose en los ascensores y las áreas comunes.
Por fuera, los edificios lucen normales; pero por dentro un flujo constante de personas interrumpe el confinamiento, como si las torres fueran en realidad una gran galería de tiendas.
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A unos minutos caminando del hogar de Johannie, en un pequeño departamento de un edificio de dos torres donde viven más de 1.800 personas, la venezolana Heidy observa atentamente las instrucciones de un video de YouTube para aprender a hacer pan de su país.
Van varias semanas de cuarentena en Estación Central y su marido no ha logrado conseguir un salvoconducto que le permita salir a trabajar de plomero.
Como la familia necesita tener ingresos con urgencia, ella piensa vender pan venezolano a los vecinos.
La lógica es sencilla: si su esposo sale a la calle sin un permiso oficial, se arriesga a que lo arresten, pero si ella se desplaza dentro del edificio no corre ningún peligro.
Ella aún no lo sabe, pero en el último piso de la torre oriente, una de sus vecinas contagiada con coronavirus toma el ascensor para ser trasladada al hospital. Está gravemente enferma y su pareja también está infectada de covid-19.
Para Heidy, salir a vender también es un ejercicio de alto riesgo.
En la recepción del edificio, otra mujer rodea la sala de espera con una cinta adhesiva que dice Peligro.
Es chilena, se llama Sandra y está decidida a clausurar las zonas comunes para proteger a la comunidad de un posible foco de contagio.
“Los vecinos no respetan mucho las normas”, lamenta.
A ella le preocupa el virus porque vive con su papá, que es adulto mayor. Por eso organizó una colecta entre los residentes para comprar 20 litros de amonio cuaternario y desinfectar a diario los espacios comunes de ambas torres.
16 pisos arriba, su vecino Rodrigo intenta conseguir un buen proveedor. También es chileno y estudia administración gastronómica. En ese ámbito se usa mucho amonio, asegura.
Ambos están coordinados porque saben que es clave mantener desinfectados los tres ascensores de cada torre, que normalmente usan 612 familias.
Aunque no forma parte de la administración del edificio, Sandra es vocera de las torres y tiene un grupo de WhatsApp donde se comunica con más de 250 residentes.
Ella trabaja de administrativa en una isapre (las instituciones de salud previsional de Chile), pero como ha tomado cursos de enfermería, muchos vecinos le escriben cuando se sienten mal y le cuentan sus síntomas para que ella evalúe si podría ser coronavirus o sólo una gripe.
“Desafortunadamente la mayoría de los que están con síntomas ya están infectados y cuando les da fiebre ya no es de resfrío”, explica.
La mujer lleva el registro de contagios de covid-19 en la comunidad, pero no informa en qué departamentos viven los vecinos infectados, ni cómo se llaman.
“Acá cuando se informó la primera vez que había un caso, la gente lo quería echar del edificio. Que se vayan, llamemos a Carabineros, nos vamos a contagiar todos, gritaban. Ahora digo el piso, no el departamento, porque la ignorancia es grande”, asegura.
En un edificio con casi dos mil vecinos, el riesgo de contagio es grande y los residentes lo saben.
Por eso, aunque no tengan ninguna instrucción de la autoridad sanitaria, ellos mismos han acordado que cuando Sandra sabe de un caso confirmado o sospechoso, el piso completo entra en una cuarentena interna en ese mismo instante. Nadie debe andar por esos pasillos.
Según los registros de Sandra, entre las dos torres llegaron a tener hasta 19 pisos confinados.
Para disminuir el riesgo de contagio, la administración del edificio estableció que en los ascensores puede ir un máximo de cuatro personas: una por esquina.
El aviso está pegado en la pared, pero mientras Sandra responde mensajes de sus vecinos, dos hombres discuten en la puerta del ascensor del lobby porque uno quiere subir aunque ya hay cuatro personas dentro.
A pesar de que la cuarentena disminuyó las colas de espera en los ascensores, el miedo al contagio y la necesidad de moverse han empezado a afectar la convivencia.
Unos pisos más arriba vive Jhon “secadora”, un caraqueño que se mudó al edificio hace tres años y medio, casi cuando se inauguró. Le dicen así porque al llegar se dio cuenta de que tenía una buena oportunidad de negocio: ofrecer el lavado y secado de ropa a los cientos de vecinos en sus propios departamentos.
Varios residentes no cuentan con estos electrodomésticos en sus hogares. Por eso es común ver a Jhon recorriendo los pasillos con un carrito en donde transporta su lavadora y secadora.
Pero también realiza otro tipo de delivery: en el día vende a sus vecinos agua purificada y por la noche lidera el negocio interno de hamburguesas que preparan unos amigos de otro departamento.
Además hace fletes y en la bodega apila los galones de aceite para moto que compró en un remate y que ahora vende al por menor. Todo se comercializa en las mismas dos torres.
A Jhon no le gusta vivir en este mega edificio tan hacinado, “pero la intención es por los negocios que tengo aquí, entonces me toca como acceder a mantenerme”, explica.
Desde que comenzó la cuarentena, sus ventas de agua y hamburguesas han bajado. Muchos residentes están sin trabajo y los delivery habituales del edificio se duplicaron. Si antes había 30 personas —explica Jhon— ahora son más de 60 las que venden en los departamentos.
Con Santiago confinado, el comercio dentro de estas torres se convirtió en la mejor oportunidad de subsistencia para los migrantes.
Una de esas nuevas comerciantes es Heidy, la mujer que ve las recetas de pan en YouTube.
Sobrevivir la pandemia no ha sido fácil para ella. “Es bien fuerte. A mí se me cae el cabello una barbaridad. Yo digo que son tantos pensamientos”, confiesa.
Llegó desde Venezuela hace dos años a encontrarse con su hermana y amigas que vivían en Santiago. Con ellas celebró sus 40, esperanzada de que en Chile tendría una mejor vida.
Trabajó como empleada doméstica hasta que la cuarentena la confinó de forma indefinida a su departamento de 45 metros cuadrados, donde vive con su esposo y sus dos hijas adolescentes.
Su jefa le da un apoyo económico aunque no pueda ir a trabajar por la pandemia, pero eso no alcanza para que coman los cuatro.
Por eso, aunque le da muchísimo miedo contagiarse del virus, Heidy decidió sumarse a Jhon en los delivery del edificio.
Ahora también ofrece todo tipo de arreglos de ropa y vende botellas de jugo y paquetes de globos que compra a unos chinos del barrio.
Con eso es con lo que mejor le va. “Es una locura. Aquí hay muchos venezolanos, y a los venezolanos les gusta mucho la fiesta. Me los piden con forma de números para celebrar cumpleaños”, cuenta.
Ni Heidy ni Sandra saben exactamente cuántos venezolanos viven en su edificio. Querían hacer un censo, pero no pudieron coordinarse entre los 1.800 vecinos.
Lo que sí saben con certeza es que la mayoría es extranjera, y eso se repite en todos los megaedificios de la comuna. Hasta el año pasado, esta era la tercera de la Región Metropolitana con más migrantes: 38.648.
