El papa Francisco dispuso que los obispos y cardenales sean juzgados por el tribunal penal del Estado de la Ciudad del Vaticano, donde ofician magistrados laicos italianos y no sacerdotes.

La decisión, que busca dejar de lado “privilegios”, fue anunciada por el pontífice en un texto firmado este viernes, que entrará en vigencia a partir del 1 de mayo y supone un cambio radical, porque hasta ahora cardenales y obispos comparecían ante el Tribunal de Casación presidido por un cardenal.

A partir de esta medida, se someterán en primera instancia al Tribunal, como todos, aunque para juzgarlos seguirá siendo necesaria la autorización previa del papa, consignó la agencia de noticias AFP.

Con esta iniciativa, denominada “motu proprio” Jorge Bergoglio desea afirmar el principio de igualdad ante la justicia vaticana de todos los miembros de la Iglesia, “sin privilegios que datan del pasado”.

En los próximos meses, tendrán lugar varios procesos penales importantes, en los que están involucrados cardenales y obispos que trabajaron en la Secretaria de Estado (Gobierno del Vaticano), y por primera vez podrán ser interrogados por jueces laicos del tribunal penal.

Existe entre ellos una compleja investigación sobre financiación opaca, a través de empresarios italianos, de un edificio de lujo en Londres, con el aval de la Secretaría de Estado.

La investigación debe determinar si los altos prelados cometieron errores de juicio, o eventualmente incurrieron en corrupción.