El Parlamento español aprobó este jueves una ley propuesta por el gobierno del socialista Pedro Sánchez, para regularizar la eutanasia y el suicidio asistido, uniéndose a la reducida lista de países que permitirán a un paciente incurable recibir ayuda para morir y evitar su sufrimiento.
Con la aprobación de esta ley, España se convierte en el séptimo país del mundo en el que esta práctica es legal después de Holanda, Bélgica, Luxemburgo, Canadá, Nueva Zelanda (donde ya se ha aprobado, pero entrará en vigencia en noviembre) y Colombia (en este último país por decisión del Tribunal Constitucional, pero sin que el Parlamento haya aprobado una ley que la regule).
La norma prevé que toda persona con “enfermedad grave e incurable” o padecimiento “crónico e imposibilitante” pueda solicitar ayuda para morir y así evitarse “un sufrimiento intolerable”. Se imponen estrictas condiciones, como que la persona, de nacionalidad española o residente legal, sea “capaz y consciente” al hacer la petición, que debe formular por escrito “sin presión externa” y repetir quince días más tarde.
La legislación fue aplaudida por organizaciones que defienden el derecho a morir dignamente, que mantuvieron una lucha de décadas, durante las cuales sonados casos visibilizaron la problemática. El más emblemático, el de Ramón Sampedro, un gallego tetrapléjico que pasó 29 años reclamando el derecho a un suicidio asistido.
La legislación es rechazada por la Iglesia católica y partidos de derecha y extrema derecha, mientras que su aplicación genera interrogantes en algunos sectores de la medicina.
