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Hallan en Colombia una fosa común con más de 50 supuestas víctimas de ejecuciones extrajudiciales

La justicia colombiana investiga el hallazgo de una fosa común en la localidad de Dabeiba, en el departamento norteño de Antioquia, donde sospechan que hay más de 50 civiles víctimas de ejecuciones extrajudiciales, más conocidas en el país como “falsos positivos”.

Hallan en Colombia una fosa común con más de 50 supuestas víctimas de ejecuciones extrajudiciales
La fosa. Foto: JEP

“Se presume que en el cementerio de Dabeiba se encontrarían los restos de más de 50 personas presentadas ilegítimamente como bajas en combate”, afirmó la Justicia Especial para la Paz (JEP) en un comunicado.

El tribunal especial, surgido del acuerdo de paz firmado entre el gobierno y la antigua guerrilla de las FARC en 2016, precisó que las víctimas tenían entre 15 y 56 años, vivían en Medellín -capital de la región-, y algunas de ellas estaban aparentemente “en condición de discapacidad”.

Los supuestos “falsos positivos”, eufemismo usado en Colombia para referirse a los asesinatos de civiles efectuados por militares para pasarlos luego como guerrilleros muertos en combate y obtener beneficios, estaban enterrados en el cementerio Las Mercedes de Dabeiba.

Hasta la fecha, fueron exhumados allí “siete cadáveres completos de presuntas víctimas de estos hechos”, detalló la JEP citada por la agencia de noticias EFE.

También se recuperaron “numerosas estructuras y fragmentos óseos de otras posibles víctimas” que serán identificados por Instituto Nacional de Medicina Legal.

Las pesquisas de estos hechos, que nunca habían sido investigados por la justicia ordinaria, se iniciaron después de que un ex miembro del Ejército afirmara “tener conocimiento de muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por parte de agentes del Estado”.

De momento, la Fiscalía colombiana investigó cerca de 5.000 casos de “falsos positivos”, cometidos entre 1988 y 2014, que implican a unos 1.500 militares.

Los pocos condenados por estos crímenes son en su mayoría soldados o suboficiales, pero no oficiales de alto rango.

La JEP, por su parte, abrió una investigación para esclarecer estos delitos cometidos durante el conflicto armado del país, en la que acreditó a cerca de 400 víctimas, recibió 17 informes de diferentes organizaciones y el testimonio de 160 ex integrantes de la fuerza pública.

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