Sobre el exmandatario recae la sospecha de haber aceptado en 2007 fondos aportados por el entonces presidente de Libia, Muammar Gaddafi, para su campaña electoral.
Los fiscales encargados del caso buscan determinar la veracidad de las afirmaciones —formuladas inicialmente por Saif al Islam, hijo del dictador fallecido en 2011— acerca de que Gaddafi habría aportado en secreto 50 millones de euros a la primera campaña electoral de Sarkozy.
Estas acusaciones se suman a los cargos por “corrupción pasiva”, “beneficio mediante malversación de fondos públicos” y “financiación ilegal de campañas” presentados en contra del francés.
Según la ley francesa, la apertura de una investigación formal significa que los jueces hallaron suficiente evidencia sobre un delito como para continuar con las pesquisas, permitiendo así iniciar un juicio en contra del sospechoso.
