Sin embargo, la cifra de
personas que pasaron por audiencias de control de detención -fase posterior a
la detención y previa a la imputación- alcanzó 30.102, de los que 20.217
acabaron siendo formalizados.
En la fase de control de detención el balance de
la Fiscalía, que comprende entre el 18 de octubre y el 22 de noviembre, el
balance arrojó un incremento del 11% con respecto al mismo periodo del año
pasado.
Con relación a las imputaciones o formalizaciones, el
porcentaje subió un 61% más que en los mismos días de 2018.
Del total de personas detenidas y llevadas al control de
detención, el 87% (26.092) fueron apresadas en flagrancia mientras cometían un
hecho ilegal.
“Ello da cuenta de un importante aumento en la
carga de trabajo del sistema de justicia penal, ya que se trata de casos que se
construyen desde cero y, por tanto, requieren de mayores gestiones de parte de
todos los intervinientes, en comparación con los imputados detenidos por órdenes
de detención pendientes”, explicaron desde la Fiscalía.
Si se apunta a la localización geográfica de los ilícitos, la
mayor cantidad se registraron en la región Metropolitana, a la que pertenece
Santiago de Chile, la norteña Valparaíso y la sureña Biobío, a la que pertenece
Concepción, tres zonas donde se concentró en casi un mes medio de transcurrida
la protesta la mayoría de manifestaciones.
La Fiscalía también informó que entre los detenidos que
fueron imputados, 1.957 quedaron en prisión preventiva, 20.525 quedaron con
prohibición de desplazamiento a ciertos lugares, de cercanía a víctimas o
salida del país.
En lo que respecta al tipo de delito cometido, el robo en
lugar no habitado (saqueo) “es el principal delito registrado en este periodo”,
explicaron desde el Ministerio Público a través de un comunicado, informó la
agencia de noticias EFE.
Este tipo de ilícito creció un 183% desde el
comienzo del estallido social en Chile y por el cual 2.493 personas han pasado
audiencia de control de detención. Los desórdenes públicos llevaron a esa fase
previa a la imputación a 1.934 personas.
La Fiscalía ha abierto 2.670 investigaciones penales contra
las fuerzas de seguridad por presuntas violaciones a los derechos humanos,
entre las que se encuentran lesiones por armas de fuego, torturas, violencia
sexual y la comisión de graves lesiones por el empleo de escopetas de
perdigones y balines de goma, que entre otras cosas han provocado más de 200
lesionados oculares.
Organizaciones internacionales como Amnistía
Internacional (AI) o Human Rights Watch (HRW) señalaron directamente la
represión de Carabineros como la situación más preocupante para los derechos
humanos durante las protestas.
Las marchas, que comenzaron siendo multitudinarias y en las
que se reclaman una mayor redistribución de la riqueza y servicios básicos
gratuitos, han ido perdiendo fuerza con el paso de los días, aunque sigue
existiendo descontento en las calles y episodios de violencia con saqueos,
incendios y destrucción de mobiliario público.
Más de 20.000 imputaciones desde el inicio del estallido en Chile
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