Al menos 64 políticos fueron asesinados entre septiembre de 2020 y febrero de 2021 en México, en hechos que buscan incidir en las elecciones parlamentarias y regionales de junio próximo, informó este jueves (04.03.2021) el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

“La delincuencia organizada y de cuello blanco cuentan con un repertorio variado de acciones para incidir en estas elecciones, mediante estrategias de complicidad o de presiones violentas”, dijo la ministra de Seguridad, Rosa Icela Rodríguez.

La funcionaria reportó 73 casos de violencia política, incluidos los 64 homicidios, principalmente en los estados de Guerrero, Oaxaca (sur), Veracruz (este), Baja California (norte), Jalisco (oeste), Guanajuato y Morelos (centro). No precisó cuántas de esas personas eran candidatas a los comicios del 6 de junio.

Debido a ello, el Gobierno presentó un plan para reforzar la protección de aspirantes amenazados. “Estamos trabajando para frenar el incremento de estos delitos porque las organizaciones criminales buscan fortalecer su operación mediante intimidación y el aumento de su influencia política”, indicó la ministra durante la conferencia matutina del presidente mexicano. Por su parte, López Obrador aclaró que -de ser requerida- la protección a liderazgos políticos o candidatos “tiene que ser voluntaria” para que no se considere una “intromisión” del Gobierno.

Rodríguez señaló que los postulantes corren más riesgo de ser cooptados por la delincuencia organizada en Guerrero, Jalisco, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Sinaloa y Veracruz. Las formas de presión más comunes son homicidio, secuestro, amenazas a familiares, quema de domicilios y extorsión.

“Coptan también acercándose a los precandidatos, se coluden con otros actores políticos de los partidos o gobiernos locales y desde antes del proceso electoral ofrecen financiamiento, donativos o les otorgan protección para sus campañas”, aseguró la ministra.

Unas 94 millones de personas mexicanas están convocadas para elegir a 500 congresistas de la cámara baja federal, 15 de 32 gobernadores estatales, 30 congresos estatales y miles de alcaldes y otros funcionarios locales.

Según la consultora Etellekt, durante la campaña para las elecciones de 2018 fueron asesinados 153 políticos, de los cuales 48 aspiraban a algún cargo de elección. Ha sido el proceso más violento. De ese total de crímenes, acuerdo con Etellekt, 90 por ciento están impunes.