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El Parlamento español rechaza volver a sancionar referéndums

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El Partido Popular presentó una iniciativa para volver a penalizar refendums ilegales con entre 3 y 5 años de prisión, pero los socialistas, los progresistas de Podemos y los independentistas catalanes lograron impedir la sanción del proyecto.

El Parlamento español rechaza volver a sancionar referéndums

[vc_row][vc_column][vc_column_text]El Partido Popular presentó una iniciativa para volver a penalizar refendums ilegales con entre 3 y 5 años de prisión, pero los socialistas, los progresistas de Podemos y los independentistas catalanes lograron impedir la sanción del proyecto.[/vc_column_text][vc_media_grid grid_id=”vc_gid:1550616425741-397a10a4-efa6-7″ include=”226041,226042,134582″][vc_column_text]MADRID, ESPAÑA. El conservador Partido Popular (PP) llevó este martes al Parlamento español una iniciativa para volver a penalizar la celebración de referéndums ilegales con entre tres y cinco años de prisión pero la medida fue tumbada por el voto contrario de los socialistas, los progresistas de Podemos y los independentistas catalanes.

Los “populares” presentaron su propuesta de ley, que ya no era viable por la convocatoria de elecciones anticipadas, coincidiendo con el controvertido juicio que se lleva a cabo en el Tribunal Supremo español contra 12 líderes del fallido proceso de secesión catalán.

En un clima preelectoral y con la complicidad de Ciudadanos, que autorizó el debate con sus votos, el PP de Pablo Casado aprovechó la tribuna del Congreso de los Diputados para fustigar al Partido Socialista (PSOE) y su líder Pedro Sánchez, a los que acusó de haber sido “siempre cómplices del nacionalismo para vender España”.

“El apaciguamiento con los separatistas es un error” porque los independentistas “son insaciables”, dijo la ex ministra y vocera del PP, Dolores Montserrat.
El único partido que votó a favor de tramitar la reforma fue Ciudadanos.

Su vocero en temas de Justicia, Ignacio Prendes, no sólo cargó contra Sánchez sino que reprochó al PP haber llegado “tarde” con la propuesta, después de que al gobierno del ex presidente “popular” Mariano Rajoy le celebraron “dos referendos ilegales”, en referencia a la consulta del 9 de noviembre de 2014 y del 1 de octubre de 2017.

Sin embargo, el diputado socialista Juan Carlos Campo remarcó que ya existen vías para combatir los referéndums ilegales y que la “presión” y “arrojar el Código Penal al adversario no soluciona el problema catalán”.

El referéndum del 1 de octubre, que fue organizado por el gobierno catalán con ayuda de organizaciones de la sociedad civil bajo prohibición del Tribunal Constitucional, y la posterior declaración unilateral de independencia del 27 de octubre, fueron los puntos cúlmines del intento de ruptura catalana con España.

Uno de los argumentos de las defensas es que organizar un referéndum no es delito precisamente desde la reforma del Código Penal de 2005 realizada por el ex presidente José Luis Rodríguez Zapatero, de ahí que los líderes secesionistas no pueden ser juzgados por ello.

Pero la Fiscalía sostiene que el referéndum fue uno de los elementos ilegales en el marco de un plan más amplio que tenía como objetivo subvertir el orden constitucional español y que contemplaba el uso de la violencia, de ahí la acusación de rebelión.

A pesar de ello, la celebración de la consulta del 1-O, que fue reprimida por la policía, está en el núcleo del proceso judicial porque fue en ese contexto en el que supuestamente se ejerció la violencia.

El Ministerio Público argumenta que el gobierno del entonces presidente Carles Puigdemont buscaba una confrontación entre los manifestantes y la policía.[/vc_column_text][vc_facebook type=”button_count”][vc_tweetmeme][vc_column_text]

Télam

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