Después de 22 días de protestas, graves hechos de violencia y represión, Piñera admitió que el cambio del texto constitucional es un asunto urgente, después de haber dicho semanas atrás que la prioridad para su gobierno era recuperar la paz y poner en desarrollo un “agenda social”  que dé respuestas a las demandas que estallaron en las calles de todo Chile.

“Hoy pienso que los cambios a la Constitución tienen que ser más profundos y más intensos de lo que pensaba algunos años atrás; no quiero comprometerme con plazos, pero tengo claro que hay un sentido de urgencia, esto es para ahora”, dijo el mandatario en una entrevista publicada por el diario El Mercurio.

Tras conocerse los dichos del gobernante, diversos líderes opositores mostraron su rechazo al anuncio.

El presidente del progresista Partido por la Democracia, Heraldo Muñoz, opinó que estas medidas llegarán tarde como solución porque “el clamor ciudadano es para una nueva constitución, no para cambios, es para un plebiscito”.

Una crítica compartida por el presidente de la Democracia Cristiana, Fuad Chaín, quien consideró que lo planteado por Piñera descarta una real participación ciudadana. “La gente no quiere más medidas parche”, afirmó.

El líder del Partido Socialista también estimó que la solución recae en la convocatoria de un plebiscito y exhortó al mandatario a impulsar “una acusiosa agenda en contra de los abusos” que dé respuesta a las demandas sociales, según consignó la radio Bio Bio.

Los miembros de la coalición oficialista Chile Vamos apoyaron, en cambio, las declaraciones del jefe del Ejecutivo.

El jefe de Renovación Nacional -el partido de Piñera-, Mario Desbordes, aseguró que la iniciativa es “valorable”, mientras la presidenta de la pinochetista Unión Demócrata Independiente, Jacqueline Van Rysselberghe, admitió que es un tema importante a discutir pero “es imprescindible que se haga dentro del marco de la institucionalidad”.

La necesidad de reformar la Constitución, vigente aunque con muchas modificaciones desde la dictadura pinochetista, es una de las demandas que resonó en las protestas de cientos de miles de chilenos que desde hace más de tres semanas exigen el fin de las desigualdades sociales.

El estallido social dejó una veintena de muertos y miles de heridos y detenidos, además de daños millonarios en diversas ciudades del país.

Pese a las diversas medidas sociales y de seguridad anuncias por el gobierno, la intensidad de las protestas no disminuye.

Según el último balance del ministerio de Interior, el viernes hubo un incremento en el número de “eventos graves” y de civiles y policías heridos, con 40 personas lesionadas y 80 uniformados contusos.

Uno de esos incidentes violentos fue el ataque que un grupo de desconocidos hizo a la sede de la embajada de la Argentina en Santiago, que no dejo heridos pero sí daños en el edificio y los jardines.