“El presidente Cyril Ramaphosa adoptó esta decisión en respuesta al llamado de la ONU a todos los países a reducir la población de las prisiones, de forma que la distancia social y el aislamiento se puedan cumplir durante este periodo”, dijo la Presidencia de Sudáfrica en un comunicado.

La medida afectará a casi 19.000 detenidos, casi la octava parte de una población carcelaria total de 155.000 reclusos.

Estarán excluidas quienes cumplan penas por “crímenes graves, incluidos delitos sexuales, asesinatos, intentos de asesinato, violencia de género o abuso a menores”, explicó el comunicado oficial.

Para tratar de prevenir un aumento de los casos, Sudáfrica ordenó de forma temprana estrictas medidas de confinamiento y usó la estrategia de realizar test y chequeos de síntomas masivos entre la población.