Tras entregar la banda presidencial y luego del juramento de Lasso, Lenín Moreno se retiró de la Asamblea en medio de un aplauso general.
Posteriormente, el flamante mandatario dio inicio a su discurso inaugural. “Debemos examinar si a lo largo de estos años hemos estado a la altura de los ideales republicanos que nos vieron nacer”, reflexionó. “En los últimos años, ¿se ha gozado de libertad en Ecuador? ¿Han imperado la ley y la independencia de poderes? No hemos estado a la altura, hoy recibimos un país con históricos niveles de desempleo, un país que ha deslumbrado por su incapacidad para hacer frente a una pandemia brutal”, remarcó Lasso.
Lasso, un ex banquero de 65 años, hereda una crisis económica que se extendió a lo social y sanitario a causa del COVID-19, siendo Ecuador el séptimo de Latinoamérica con más casos (418.851) y muertos (20.193).
Con respecto a la función del gobierno, aclaró: “Nuestra intención no es minimizar el Estado, sino maximizar su capacidad para servir a los más pobres”.
Luego, pidió unir todos los esfuerzos para continuar y ampliar la campaña de vacunación contra el coronavirus, incluyendo a hospitales y empresas privadas.
Tras asumir el cargo, Lasso firmó sus primeros decretos, que incluyen un código de ética gubernamental y la designación oficial de sus principales colaboradores que integrarán el gabinete de ministros.
Uno de ellos es un decreto por el cual deroga un reglamento para la aplicación de la Ley de Comunicación, conocida como la “Ley mordaza”, y anunció que enviará en los próximos días un proyecto a la Asamblea Nacional (Parlamento) para derogar dicha normativa.
Encomendó a su vicepresidente, Alfredo Borrero, que apoye el plan de vacunación contra el coronavirus, con el que pretende inmunizar en los próximos cien días a nueve millones de ecuatorianos.
También anunció que eliminará la llamada “Central de riesgos”, las deudas en mora de muchos ecuatorianos que no han podido cumplir con esas obligaciones por los efectos nocivos de la pandemia en el empleo y la economía ciudadana.
Esa norma eliminará los registros de crédito con deudas vencidas que sean menores a los 1.000 dólares, con lo que se reincorporará al circuito productivo a 1,7 millones de ecuatorianos.
