La Justicia hizo lugar a parte del pedido de Cristina Kirchner en la causa por la venta de dólar futuro. La Cámara Federal de Casación Penal rechazó que la vicepresidenta esté presente en la audiencia clave del próximo jueves, aunque habilitó a que sea transmitida en vivo en los medios de comunicación.

El tribunal debe resolver un pedido de sobreseimiento, tanto de la ex presidenta, como del gobernador bonaerense Axel Kicillof, que están procesados en esta causa.

La medida responde al planteo que hizo el abogado de CFK Carlos Beraldi, en un clima de escalada de tensión con la Justicia.

La audiencia será el jueves, previo a la definición de los jueces Diego Barroetaveña, Daniel Petrone y Ana María Figueroa sobre la situación de la expresidenta y del exministro de Economía. En principio, iba a ser sin transmisión a los medios, pero la defensa rechazó esta medida para evitar la tergiversación de la exposición de Cristina Kirchner y evitar situaciones de “secretismo”. Será virtual, como se había pautado originalmente.

Casación no habilitó la presencia de Cristina, ya que ratificó que se hará “de modo virtual y remoto” a raíz de la “emergencia sanitaria declarada ante el avance del coronavirus”. Los camaristas manifestaron que “esta ha sido la modalidad que siguió esta Cámara desde el inicio de la pandemia permitiendo así el ejercicio del derecho de defensa de las partes en dicho contexto”.

Al momento de los hechos investigados, Cristina Kirchner era presidenta y Kicillof, ministro de Economía. Ambos procesados y pidieron que los sobreseyeran, cuando el Tribunal Oral Federal (TOF) 1 ratificó el año pasado que se realizaría el juicio oral.

Las defensas manifestaron que las pericias realizadas cuando la causa llegó al TOF 1, determinaron que la operatoria era un instrumento idóneo como “herramienta de control para la estabilidad monetaria y cambiaria del país” y que no hubo perjuicio para el Estado nacional sino que se produjeron ganancias. La causa llegó a Casación mediante apelaciones.

La investigación comenzó por una denuncia de diputados del PRO en octubre de 2015, que afirmaron que entre agosto y noviembre de ese año, el Banco Central cerró contratos a dólar futuro con los que se habrían ejecutado maniobras irregulares. Plantearon en la presentación que había una oferta de un dólar a modalidad futura a un valor de $10,60 y $10,80, cuando tenía un valor superior, que se ubicaba entre $14 o $15.