El juez Enrique Lavié Pico, titular del juzgado en lo Contencioso Administrativo federal 6, ordenó al Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, a cargo de Jorge Ferraresi, informar en un plazo de tres días cuál es la situación de los desalojos en el país y le dio cinco días para presentar un plan de contención.

La resolución surge luego de la medida cautelar presentada por la Asociación Civil Inquilinos Agrupados y la Federación de Inquilinos Nacional (FIN), quienes solicitaron la inconstitucionalidad de la norma que determinó el fin de la suspensión de los desalojos en medio de la emergencia sanitaria.

El amparo colectivo se presentó en representación y beneficio de los locatarios de inmuebles para vivienda, domiciliados en cualquier lugar del país, que se encuentran en riesgo de ser desalojados por estar condenados con sentencia firme. Solicita se declare la inconstitucionalidad del estado de riesgo antijurídico en el que se encuentran, en un contexto de emergencia sanitaria por la pandemia de coronavirus y hace referencia al DNU 167/211.

Ambas entidades le solicitan a la Justicia que en el marco de la emergencia sanitaria siga vigente el decreto 320/20 que suspende los desalojos y congela el precio de los alquileres.

Ese DNU establece la suspensión de la ejecución de las sentencias judiciales cuyo objeto sea el desalojo de inmuebles siempre que el litigio se haya promovido por el incumplimiento de la obligación de pago en un contrato de locación. El objetivo de la medida-según señalaron- era mitigar los efectos de la pandemia respecto de la problemática de la vivienda existente en nuestro país.