Justicia

Un intendente está entre los acusados por el robo en el Gasoducto NEA

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El intendente de la localidad salteña de Aguaray, Jorge Prado; su secretario de Hacienda y cuatro empresarios fueron algunos de los diez acusados formalmente este martes, en el marco de una audiencia vía teleconferencia en la causa por el robo de caños del Gasoducto del NEA, de la que tomaron parte tres fiscales federales.

Un intendente está entre los acusados por el robo en el Gasoducto NEA

Fuentes del Ministerio Público Fiscal informaron que, en la audiencia desarrollada este martes de la que participaron el fiscal general de Salta, Eduardo Villalba, y sus pares de las sedes descentralizadas de Orán, José Luis Bruno; y Tartagal, Marcos Romero, se formalizaron y ampliaron las imputaciones a nuevos acusados por el robo de caños del Gasoducto NEA, en el marco de una investigación iniciada en febrero.

Bajo la dirección del juez federal de Garantías de Orán, Gustavo Montoya, Villalba le formalizó la imputación al empresario Matías Rossi, presidente de la empresa CoMarfil SA, con asiento en el partido de Quilmes, en la provincia de Buenos Aires.

Villalba le endilgó a Rossi los delitos de “robo agravado y fraude a la administración pública” por su presunta participación en la sustracción de, al menos, 52 caños del gasoducto, que fueron secuestrados de instalaciones de su empresa, a la que habrían llegado mediante maniobras y la utilización de documentación ilícita.

Asimismo, el fiscal amplió la acusación penal por el delito de “fraude a la administración pública” al intendente de Aguaray, del norte salteño, y el secretario de Hacienda de esa municipalidad, Fredy Marcelo Céspedes, quienes ya habían sido imputados el 18 de mayo pasado, aunque por otro hecho dentro de la misma investigación.

Durante la videoconferencia, de la que participaron todos los acusados, sus defensores y el abogado Sebastián Smith, en calidad de querellante por el Estado Nacional, Villalba señaló las pruebas en relación a Prado, Céspedes y Rossi, en un hecho más que incluyó la desafectación de bienes adquiridos con fondos nacionales.

La hipótesis que maneja Villalba es que el intendente Prado fue quien posibilitó la desafectación de los caños, a partir de una resolución municipal que sirvió para el saqueo del material por parte de distintos implicados.

En ese marco, solicitó el levantamiento del secreto bancario y fiscal de Prado, y que se le prohíba salir del país.

Para el fiscal, en esa intervención, Prado avaló la extracción de los caños y su entrega a la empresa OSYP SA, bajo la excusa de que causaban un grave daño al ambiente, condición que aseguró a partir de su profesión como ingeniero ambiental.

En la primera audiencia por este caso, Villalba ya había imputado al intendente, a Céspedes y al empresario Diego Alos, titular de OSYP SA, por fraude a la administración pública.

Por su parte, el fiscal Bruno siguió con la acusación e imputó el delito de robo calificado a cuatro nuevos implicados.

Se trata de Cristhian Marcelo Buczeck, encargado de la empresa Vera SA; Andrés Ayala, gerente de la firma Peterser SRL; y Milton Rene Saavedra y Bruno Raúl Degoy, ambos socios de la firma MyP, ex WeatherFor.

En su exposición, Bruno sostuvo que los acusados participaron de las maniobras realizadas el 14 de abril último, que llevaron a la sustracción de 170 caños del gasoducto en el paraje El Desemboque, a 140 kilómetros de la localidad General Mosconi, del norte salteño.

Bruno apuntó que las maniobras se llevaron adelante a partir de documentación que conducía al intendente Prado y su resolución, que es el común denominador en todos los hechos.

Finalmente, el fiscal Romero se refirió a la acusación penal que pesa sobre Miguel Ángel Cuellar y Oscar Dante Rodríguez, por el delito de robo calificado, mientras que al intendente Prado le amplió la imputación por el delito de fraude a la administración pública.

En este caso, Romero explicó que la acusación penal surge de un hecho ocurrido el 12 de noviembre pasado, en la localidad de Alto La Sierra, donde se descubrió a Cuéllar con 14 caños en un colectivo adaptado para el transporte de carga, también procedentes del gasoducto NEA.

Esto surgió de una investigación realizada luego de que el caso, que se había iniciado en la fiscalía de Salvador Mazza, pasara a la sede de Tartagal y se lograron recuperar 77 caños que habían sido extraídos, también del paraje El Desemboque.

Al concluir la audiencia, el juez dio por formalizadas las imputaciones y ampliaciones hechas por los tres fiscales.

Fuente Télam
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