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A 15 años de Cromañón, está pendiente la revisión de la condena a un inspector y las demandas civiles de los familiares

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La Cámara Nacional de Casación Penal aún tiene pendiente de revisión la condena a cuatro años y cuatro meses de prisión que se le impuso en 2016 a un inspector del Gobierno porteño por haber cobrado coimas para la habilitación irregular del boliche Cromañón.

A 15 años de Cromañón, está pendiente la revisión de la condena a un inspector y las demandas civiles de los familiares

Se trata de Roberto Calderini (57), quien en el último juicio por la causa fue hallado autor de los delitos de “falsedad ideológica de instrumento público en concurso ideal con cohecho” y fue inhabilitado por el término de 10 años para desempeñar cargos públicos, según resolvió el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 3 porteño.

El imputado llegó al juicio en libertad y continuó en esa condición porque la condena aún no fue revisada por la sala III.

En el juicio, se acreditó que en abril de 1997, el inspector denegó la habilitación del local y meses después, en junio, en idénticas circunstancias, la aprobó pese a que no se había realizado ninguna reforma.

Por eso, se dio por probado que Calderini recibió dinero para la habilitación, ya que no era amigo ni conocía a nadie de la sociedad Lagartos –que explotaba Cromañón en esa época– y tampoco había otro motivo para hacerlo.

Durante los alegatos, el fiscal Fabián Céliz había pedido seis años de cárcel para Calderini y José Iglesias, único querellante por las víctimas en este juicio, nueve años, pero finalmente se le aplicó una pena menor.

Por otra parte, también están pendientes de resolución las acciones civiles iniciadas por los familiares de las víctimas contra el Estado Nacional, el Gobierno porteño y los imputados, que llevan casi 15 años de trámite en la Justicia y todavía ninguno cobró, según explicó Iglesias.

El letrado indicó que aunque hay fallos favorables tanto en primera como en segunda instancia, se siguen discutiendo los montos de las indemnizaciones, que no se ajustan por inflación.

Incluso, los familiares de las víctimas fueron citados para realizarse estudios psiquiátricos cuya finalidad no se comprende, y los tiempos se siguen dilatando.

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