El Gobierno apelará la decisión del juez federal Alfredo Eugenio López, titular del Juzgado Federal N° 4 de Mar del Plata, quien hizo lugar a una medida cautelar para suspender la aplicación de la ley del aborto.
La decisión fue anticipada por la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, quien recurrió a las redes sociales para respaldar la normativa.
“El Estado Nacional apelará la decisión del Juez Alfredo Eugenio López que hace lugar a la medida cautelar que suspende la aplicación de la Ley de IVE, con la certeza de que no solo es una norma legítima democráticamente sino que además, tiene una solidez convencional inobjetable”, remarcó la funcionaria en un mensaje que publicó en su cuenta de Twitter.
De esta manera, será el propio Poder Ejecutivo el que irá a la Justicia para intentar anular el fallo del magistrado, quien hizo lugar a una cautelar presentada por el abogado Héctor Adolfo Seri, excandidato del partido de Aldo Rico y vinculado a la Iglesia Católica.
El Gobierno busca anular el fallo del magistrado sobre la ley del aborto
López consideró que la norma “viola la obligación internacional” de la Argentina “de proteger la vida desde la concepción” y pone “en juego el derecho de la vida de niños por nacer”.
En ese marco, le pidió al Estado Nacional la suspensión no solo de la normativa que permite la interrupción voluntaria del embarazo, sino también de todos los protocolos y resoluciones relacionadas “hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo”, es decir, si la ley es inconstitucional o no.
La sentencia generó polémica y el rechazo de varias agrupaciones feministas. De hecho, poco después de que se conociera la orden judicial, la delegación marplatense del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) emitió un comunicado en el que manifestó su “profunda preocupación y rechazo a la resolución” del mencionado juez.
“El magistrado ordenó la suspensión cautelar tanto de la Ley 27.610 de Interrupción Voluntaria del Embarazo como del ‘Protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo’, aprobado a fines de 2019 por el Poder Ejecutivo Nacional”, explicó el organismo.
Además, consideró que la “judicialización de la soberanía sexual es una reacción claramente antidemocrática y conservadora, que atenta contra los Derechos Humanos de las personas gestantes”.
