[vc_row][vc_column][vc_column_text]El ministro de Comunicaciones responde preguntas de los diputados en la comisión de Comunicaciones. Admitió que el acuerdo implicaba “un enorme quebranto en perjuicio del Estado”.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_single_image image=”92071″ img_size=”full” add_caption=”yes” alignment=”center”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]El ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad, aseguró esta tarde que “hicimos lo que pudimos” respecto del acuerdo con el Correo Argentino, y admitió que “obviamente que hay un enorme quebranto en perjuicio del Estado”.

“Hicimos lo que pudimos, obviamente que hay un enorme quebranto en perjuicio del Estado”, afirmó Aguad, en el inicio de su informe ante la comisión correspondiente en la Cámara de Diputados, en el que enfatizó que al haber una quiebra “las deudas no se pueden ni actualizar ni recargar intereses. Consecuentemente, lo que heredamos era un pasivo que teníamos que cobrar desactualizado en un 90 por ciento”.

“Las opciones eran seguir haciendo lo que se hizo durante 10 años, es decir la omisión. La otra opción era pedirle la quiebra a la empresa pero la empresa no tiene bienes, desapoderada en 2003 de los bienes” por el Estado. “Y la tercera opción era intentar cobrar ese 10 por ciento”, agregó.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]Cómo fueron los hechos

Para introducir en el tema, Aguad recordó que “este problema nació en la década del ’90, con la privatización del Correo, y derivó en un concurso de acreedores en 2001, cuando la empresa Correo Argentino S.A. entró en crisis”.

Fue entonces cuando, en 2003, el expresidente Néstor Kirchner dictó un decreto y estatizó la empresa, que a fines de ese año fue declarada en quiebra por el juez de la causa.

Según precisó el ministro de Comunicaciones, la deuda generada al momento de la quiebra fue valuada en 296 millones de pesos, y el Estado representaba el 30% de la masa de acreedores –unos 600 en total, que verificaron “cerca de 700 millones de pesos”-.

“Pasaron 12 años hasta 2015 –continuó el relato de Aguad-, es decir que este conflicto se desarrolló de inicio a fin en la época kirchnerista, en la llamada década ganada, entre 2003 y 2015”.

Sucedió entonces que “aquella deuda que en 2003 eran 296 millones, en 2015 sólo representaba el 10% del capital”, ya que “la moneda se había depreciado en un 90%”, detalló el ministro, para concluir que “esta gestión heredó ese problema”.

Frente a ese panorama, Aguad sostuvo que “no había muchas alternativas”: “Las opciones eran seguir haciendo lo que se hizo durante 10 años, es decir, simulacros de audiencia en el Juzgado; pedir la quiebra de la empresa, pero tampoco íbamos a cobrar nada; o intentar cobrar el 10% que quedaba”.

“Hicimos lo que pudimos”, indicó Aguad, aunque reconoció que “obviamente hay un enorme quebranto en perjuicio del Estado”.

Relató que, al momento de la audiencia en la Cámara Nacional en lo Comercial, él mismo “dio instrucciones precisas al director del área jurídica del Ministerio, Juan Carlos Mocoroa, sobre qué era lo mínimo que podíamos aceptar; por lo pronto, no podíamos aceptar ninguna quita de capital”.

Así “se llegó a un acuerdo que significan 15 cuotas anuales –desde 2018 a 2033- con un interés del 7%”, un arreglo que fue objetado por la fiscal Gabriela Boquín, quien lo calificó de “abusivo” para las arcas del Estado.

Aguad denunció que ese dictamen “no tiene nada que ver con los hechos” y lo definió como un “cálculo económico extravagante que habla de una deuda de 70 mil millones de pesos”, una cifra que no podría ser posible “si en 2001 la deuda era de 296 millones”.

El funcionario advirtió además que la actual procuradora general, Alejandra Gils Carbó, ocupó el cargo que hoy ocupa Boquín ante la Cámara Comercial, y que “ninguna tuvo ninguna actuación para que el Estado pudiera cobrar el crédito”.

“Esta causa tiene una enorme secuela de complicidades, que van desde funcionarios que debieron activar el crédito para cobrarlo, hasta funcionarios judiciales que tenían la obligación de cuidar el patrimonio público y no lo hicieron”, acusó Aguad en tono enérgico, y concluyó que “no debe haber antecedentes de un concurso que dure 15 años”. (CRONISTA y EL PARLAMENTARIO)

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