[vc_row][vc_column][vc_column_text]Es la cifra que manejan en la Rosada por los recortes de gastos que deben llegar al 1 por ciento del PBI el año próximo, según la exigencia de la entidad financiera. No se prevén recortes en jubilaciones ni planes sociales.[/vc_column_text][vc_single_image image=”179279″ img_size=”full”][vc_column_text]CAPITAL FEDERAL. Una planilla que difundió el jueves por la noche el el Ministerio de Hacienda dio la primera pista del ajuste que se viene. En ese cuadro, se consigna que el gasto primario deberá reducirse en un punto del PBI en 2019 y que los recortes se concentrarán en subsidios, salarios públicos, obra pública y transferencias a provincias. Esos cuatro ítems sufrirán una poda estimada en 250 000 millones de pesos el año próximo.

Así surge de una proyección que hizo la consultora Eco Go en base a los datos oficiales que difundió la cartera de Nicolás Dujovne.

El plan de recortes dejará a salvo al gasto en jubilaciones y prestaciones sociales, que continuarán actualizándose de acuerdo con la nueva ley de movilidad. Así, la caída del gasto público prevista para 2019 rondará los 186 000 millones de pesos, de acuerdo con la estimación privada.

Según un medio nacional, el acuerdo con el FMI para acceder a u$s50 000 millones de financiamiento supone una meta de déficit primario de 1,3% del PBI para 2019, desde la meta del 2,7% prevista para este año. Esa brecha entre gastos e ingresos deberá reducirse a cero en 2020.

Como la reforma tributaria plantea recortes graduales en la carga impositiva -elevada-, la mejora en la recaudación llegará de la mano de la mejor actividad y un eventual blanqueo laboral. Entonces, la reducción del déficit requiere un recorte del gasto público.

Según los datos que entregó Hacienda, el gasto primario -es decir, previo al pago de intereses de deuda- deberá reducirse en un punto del PBI en 2019. Las jubilaciones y las prestaciones sociales estarán a salvo de la tijera. El resto de las erogaciones sufrirán recortes. En términos reales, el gasto debe caer 13 por ciento en dos años, o 30 por ciento si se descuentan los gastos sociales.[/vc_column_text][vc_single_image image=”141569″ img_size=”full”][vc_column_text]

Fuerte reducción en la obra pública

El principal ajuste estará en el gasto de capital, que ya este año sufre un recorte de 0,7 por ciento del PBI. En 2019, deberá caer otro 0,6 por ciento. Y quedará otro 0,3% para 2020. En total, se reducirá un 81 por ciento real, en tres años.

Dicho de otra forma, el año próximo el gasto en obra pública debería caer 101.500 millones de pesos, según Eco Go. Como referencia, el gasto presupuestado para 2018 era de 210.000 millones de pesos y sufrió un recorte de 30.000 millones de pesos a comienzos de mayo.

Como referencia, con $101.500 millones pueden construirse 11.154 jardines de infantes o pavimentar 10.266 kilómetros de rutas, según datos de la consultora C&T que relevó el sitio web Chequeado en el proyecto La Balanza.

“Va a haber un recorte en la obra pública, no tengo ninguna duda. Pero no está claro de cuánto será”, dijo el presidente de la Cámara Argentina de la Construcción Gustavo Weiss. Los funcionarios adelantaron a los constructores el nuevo panorama. “Nos anticiparon que el objetivo central del Gobierno será reducir el gasto y que parte de eso es la obra pública”, dijo.

El oficialismo repite que el sistema de Participación Pública Privada (PPP) suplantará el dinero público para obras. “Los PPP ayudan, pero no compensan todo”, afirmó Weiss. “Las cloacas, veredas, plazas… todo eso, sumado, es importante, y no se hace con PPP”, explicó el constructor. Bajo el sistema de PPP, el financiamiento corre por cuenta del privado y el Estado va pagando las obras “llave en mano”, con presupuestos plurianuales, fondos de afectación específica y concesiones. Pero el sistema, complejo, financia obras grandes, como las Rutas Seguras que estructura la Dirección de Vialidad.

Buena parte de esas obras se negocian con las provincias desde el Ministerio del Interior de Rogelio Frigerio. El Gobierno quiere que los distritos asuman esos desarrollos con mayores fondos propios.

En paralelo, las transferencias corrientes a las provincias caerán en tres años 74% en términos reales, o 0,6 puntos del PBI. En 2019, la caída prevista es de 0,3 puntos. Son unos 50 700 millones de pesos.

El Presupuesto 2018 fijaba un recorte en las transferencias a los distritos en términos reales, ya que ese gasto crecía menos que la inflación esperada. El número: $75 000 millones.

Según el Ministerio de Interior, la mayor coparticipación de impuestos compensa esa caída en los fondos que las provincias negocian mano a mano con la administración central. Fuentes oficiales consignaron que, a mayo de este año, las transferencias totales aumentaron 35 por ciento anual.

La reducción de subsidios continuará. Deberán caer 48 por ciento en términos reales hacia fin de 2020. El recorte previsto para 2019 es de 0,4 por cientoi del PBI. Son 67 700 millones de pesos.

De acuerdo con el Instituto Argentino de Análisis Fiscal, los subsidios a la energía pesan 0,8% del PBI y los del transporte, 0,7 puntos.

Rodrigo Álvarez, director de la consultora Analytica, consideró que el ajuste seguirá la senda que ya transita. “Se profundiza la tendencia de este año, que es frenar los subsidios en términos nominales. Lo que se negoció en las Revisiones Tarifarias Integrales (RTI) con las empresas se respetará y seguirá habiendo ajuste en las tarifas”, dijo.[/vc_column_text][vc_single_image image=”179237″ img_size=”full”][vc_column_text]

Salarios

El gasto público en salarios caería $33 834 millones en 2019, o 0,2 puntos del PBI, de acuerdo a lo proyectado.

La semana pasada, la Unión de Personal Civil de la Nación (UPCN), el gremio mayoritario, firmó una paritaria del 15 por ciento en tres tramos y cláusula de revisión para el año próximo. El sector público quedó excluido de la recomposición salarial del 5% que el Gobierno habilitó para que negocien gremios y empresas.

Días atrás, al anunciar un recorte en el gasto de $20 000 millones, el ministro de Modernización, Andrés Ibarra, confirmó que el Estado planea recortar 30.000 empleos hacia fines de 2019 mediante retiros y cese de contratos. A partir de enero, finalizarán los convenios de asistencia técnica con universidades. A través de ellos trabajan en el Estado 7000 empleados que facturan como locadores de servicios.

El acuerdo con el Fondo blindó a las jubilaciones y las prestaciones sociales. Allí el ajuste ya se hizo. La ley de movilidad que sancionó el Congreso en diciembre -y que se discute en tribunales- garantizó aumentos trimestrales en base a inflación y salarios. Pero supuso un aumento menor al que estaba pautado en la vieja ley.

En ese ítem del gasto primario, Hacienda previó una expansión del 7 por ciento en términos reales (es decir, por encima de la inflación) hacia 2020. En 2019, el gasto crecerá 0,5 puntos del PBI. Aumentará unos $84 600 millones.

Como reaseguro, el FMI tolerará un desvío en la meta de déficit de 0,2 por ciento si ese dinero se utiliza para fines sociales.

Según los cálculos del Gobierno, cada punto del PBI son 6000 millones de dólares. Un recorte de un punto en el gasto -a un dólar de 30 pesos-, significa unos 180.000 millones de pesos. Todo esto deberá negociarse con los gobernadores y rubricarse en la Ley de Presupuesto que debe votar el Congreso.[/vc_column_text][vc_facebook type=”button_count”][vc_tweetmeme][vc_column_text]

TN/gw.

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