Amado Boudou presentó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una denuncia contra el Estado argentino por su condena en el caso Ciccone, al considerar que enfrentó un proceso “amañado y arbitrario en el que no habido garantía convencional que no se haya violado”.

En una presentación de 22 carillas, Boudou sostuvo que “junto con quien fue presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, y buena parte de su Gabinete de ministros” fue “objeto de una campaña de persecución judicial”, apenas terminó su mandato, en 2015, durante el Gobierno de Mauricio Macri.

La presentación, que lleva la firma de Boudou con el patrocinio del abogado Alejandro Rúa, fue realizada por el exvicepresidente al agotarse la vía de reclamo judicial en la Argentina, posterior a la confirmación de su condena de cinco años y 10 meses de prisión por parte de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en diciembre de 2020, que ratificó lo actuado por los tribunales inferiores.

En el escrito, se hace un pormenorizado detalle de los pasos que siguió la causa, que se inició, según expresó, “con intervención de los servicios de la inteligencia clandestina”, en un trámite en el cual “irían a desplegarse las maniobras”, mientras las nuevas autoridades “implementaron desde su asunción y en sede judicial una política ilegal de persecución”.

También menciona en su respaldo un informe de la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia del Congreso de la Nación, denominado “Espionaje ilegal 2016-2019”, en el cual se señaló que hubo “un plan sistemático ideado en lo más alto del Gobierno Nacional” que buscaba “la extorsión política y económica” y el método que se fue el “‘lawfare’ o guerra jurídica”.

“Se trataba de lograr una sentencia anticipada construida mediática y judicialmente, sin que existiera correlación alguna con la verdad de los hechos”, para crear “un clima de odio, rencor y revancha que justificara la intervención judicial sin que importaran las pruebas y mucho menos el debido proceso y las demás las garantías constitucionales”, manifestó.

También recordó su detención, en noviembre de 2017, en horas de la madrugada, y dijo que tuvo “el evidente objetivo” de humillarlo públicamente al ser “retirado” de su domicilio.


También señaló que “todo eso fue ratificado por la Corte Suprema de Justicia mediante una simple negativa sin expresión de razón alguna, dejando a este modo agotados los recursos internos y por ende expedita la vía internacional”.