[vc_row][vc_column][vc_column_text]El proyecto del Ejecutivo Nacional fue aprobado con 165 votos en el Congreso de la Nación, con votos aportados por los gobernadores y el massismo. Sólo el kirchnerismo y los puntanos se opusieron. Surgen dudas sobre la inversión privada prevista por el gobierno.[/vc_column_text][vc_media_grid element_width=”6″ grid_id=”vc_gid:1513936739423-e861c84e-d53d-4″ include=”151230,151231″][vc_column_text]CAPITAL FEDERAL. Cambiemos logró aprobar el presupuesto 2018 en la Cámara de Diputados con respaldo del bloque de los gobernadores, el Frente Renovador y los partidos provinciales, que le permitieron alcanzar 165 votos positivos.

Sólo se opusieron el bloque de San Luis y el kirchnerismo, aunque varios de sus miembros se ausentaron, en su mayoría ligados a los gobernadores como los formoseños o sanjuaninos (José Luis Gioja no estuvo y Sandra Castro se abstuvo).

El debate duró 10 horas y se dio en medio de gestiones de los diputados ligados a los gobernadores para sumar obras públicas; y peleas por fondos en las universidades de los kirchneristas Daniel Filmus y Axel Kicillof, quienes aun habiéndolas conseguido votaron en contra.

El déficit financiero llegaría a 5.5 del PBI y se financiaría en su mayoría con deuda externa. Los diputados de Cambiemos le restaron importancia, pero reconocieron que puede ser un problema a largo plazo.

El presupuesto 2018 fija un gasto de $ 2.904.414.117.468, más del 70% a servicios sociales.

Habrá un déficit financiero de $ 678.869.874.391, un 5.5% del PBI, según cálculos de Nicolás Dujovne. El primario (sin intereses de deuda) llegaría a 3.2%.

Se financiará en su mayoría con deuda externa, un riesgo remarcado por la oposición y reconocido por los diputados de Cambiemos.

“Aún tenemos un nivel de deuda bajo en comparación de la región, pero no podemos darnos el lujo de equivocarnos nuevamente y de volver a depender del ánimo o desánimo de los inversores externos”, admitió Luciano Laspina, el referente de Cambiemos en temas económicos.

El santafesino elogió la baja reasignación de partidas que hubo este año y el crecimiento de 3.5% previsto para 2018, “liderado por la inversión, a diferencia de otras épocas”.

Celebró los 30 mil millones de dólares previstos para invertir en programas de participación pública privada, muy cuestionados por toda la oposición.

Para el kirchnerismo la metodología engrosa deuda externa sin resultados previsibles y para el bloque de los gobernadores (interbloque federal) podría incentivar proyectos rentables que no promuevan desarrollo, porque la mira de los capitales estará en recuperar la inversión.

Pero la ley de presupuesto pone muchas expectativas al Programa de Participación Pública Privada (PPP). Crea fondos fiduciarios y promueve exenciones tributarias, aunque no está del todo claro a qué proyectos se dedicarán. La oposición exigió crear cuanto antes la bicameral para chequear esas inversiones, cuando lleguen.

“Hay una caída de la inversión real directa, que no es otra cosa que la cantidad de dinero que invierte el Estado nacional en la ejecución de obras en los territorios provinciales”, denunció el salteño Pablo Kosiner, jefe de los federales.

El presupuesto contempla 30 mil millones de dólares para invertir mediante el PPP. Los gobernadores temen que se concentren en proyectos rentables y no aporten al desarrollo. Habrá una bicameral de control. Los mandatarios avalaron el presupuesto tras conseguir una planilla de obras por más de 10 mil millones de pesos y el financiamiento de las13 cajas jubilatorias provinciales que nunca se transfirieron a Anses.

Incorporaron un desembolso de 17 mil millones para esas provincias en aportes mensuales, sin previo cálculo actuarial, como establecía la ley de reparación histórica.

El presupuesto prevé un dólar de 19.2 pesos y a diferencia de los años de kirchnerismo esa cifra no entra en debate parlamentario, porque el endeudamiento viene tirando el tipo de cambio a hacia abajo.

“Con este tipo de cambio y estas tasas de interés, lo único que se favorece es la usura y la especulación. No podemos dejar a un Poder Ejecutivo sin Presupuesto. Ya le pasó al gobierno anterior”, se quejó Diego Bossio.

Kicillof rechazó de plano el presupuesto porque “es neoliberal de la A a la Z. Si tuvieran algo mínimamente de decencia con sus votantes, tendrían que mandarlo a rehacer”, gritó.

Pero después se lo vio junto a Filmus, (el jefe del bloque PRO) Nicolás Massot y Laspina buscando más fondos para universidades.

Lo logró: con aval de los gobernadores y la gestión del cordobés Juan Brugüe, se sumaron 1870 millones a una segunda planilla de aportes a universidades.

La gestión hizo ruido en Cambiemos. “Están excluyendo a la Universidad Nacional de La Plata, la del Sur y la de Mar del Plata e incluyen a la de San Martín, que tiene muchas cosas loables pero que todavía tiene que explicar muchas cosas, como la producción de una novela”, recordó, en relación a los polémicos subsidios a la actriz Andrea del Boca.

Los gastos en las universidades siempre son motivo de rencilla en los presupuestos y el oficialismo llego preparado con dos diputados recién asumidos: Josefina Mendoza, presidenta de la Federación Universitaria Argentina; y Albor Cantard, ex rector de la Universidad del Litoral.

Mendoza defendió la universidad gratuita “y laica”, pero llamó la atención sobre los altos niveles de deserción, a tono con el diagnóstico de Mauricio Macri en su discurso postelectoral.

Cantard negó un desfinanciamiento, como había denunciado el kirchnerismo en voces como Laura Alonso o el ex Conicet Roberto Salvarezza, que insistió en pedir un refuerzo de 5300 millones para ciencia y técnica.

La votación en particular se extendió por varias horas, como ocurrió con la ley tributaria, con algunas singularidades que bien podrían motivar una revisión reglamentaria: se hizo costumbre que el kirchnerismo vote en contra en general pero luego pida cambios en cada artículo, cuando en definitiva ya se opuso la ley en su conjunto.

Laspina se opuso una a una a las propuestas de Kicillof y el camporista Marcos Cleri, como quitarle facultades a Andrés Ibarra para reducir planteles de empleados o eliminar el artículo que permite al Gobierno tomar 20 mil millones de pesos del Banco Nación, que fue parte del consenso fiscal con los gobernadores, sancionado un rato más tarde.

Marco Lavagna, del massimo, que sí había aprobado el proyecto, no logró poner mayores controles a los PPP o a las tomas de deuda externa, que seguirán siendo ejecutadas a gusto por Luis Caputo. Ya se lo había dicho en el debate en comisión.[/vc_column_text][vc_facebook type=”button_count”][vc_tweetmeme][vc_column_text]

LPO/JMM.

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