[vc_row][vc_column][vc_column_text]El ex ministro de Planificación es investigado por la asignación de subsidios para el gasoil de los colectivos. El juez Claudio Bonadio convocó también a los ex secretarios de Transporte Jaime, Schiavi y Ramos.[/vc_column_text][vc_single_image image=”39654″ img_size=”full” alignment=”center”][vc_column_text]
El 23 de de junio próximo el ex ministro de Planificación y diputado nacional por el Frente para la Victoria Julio De Vido tendrá que declarar en indagatoria debido a un caso de corrupción, ocurrido durante la época en que ocupó uno de los cargos más relevantes en el gobierno kirchnerista.
El juez Claudio Bonadio citó a De Vido para que se defienda en un caso en el que se investiga la asignación de subsidios para el gasoil de las líneas de colectivos. En el expediente se analiza el período comprendido entre 2005 y 2012. Pero los investigadores pudieron hallar datos fehacientes recién a partir de 2008.
Durante años y ante la emergencia económica y para evitar subir las tarifas a los usuarios, el Estado subsidió el gasoil utilizado por los colectivos. La secretaría de Transporte pagaba los subsidios contra entrega de declaración jurada unlilateral de las empresas que señalaban cuántos kilómetros recorría cada unidad y cuántos pasajeros llevaba cada colectivo. Eso bastaba para que cobraran, previo control de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT).
[/vc_column_text][vc_single_image image=”108269″ img_size=”full” alignment=”center”][vc_column_text]Con el avance del tiempo Randazzo colocó GPS en los colectivos y se extendió el sistema de tarjeta SUBE. Con ambas medidas se pudo controlar con precisión tanto la cantidad de pasajeros transportados como los kilómetros recorridos por los colectivos.
En la investigación judicial se compararon los kilómetros que denunciaban las empresas antes de los GPS con lo determinado luego de la aplicación del sistema de control. Se hallaron diferencias. Algunas menores que oscilaban entre el 5 y 10 por ciento y otras que llegaban al 50 por ciento. Es decir que las empresas declaraban más kilómetros recorridos que los reales y en consecuencia cobraban más subsidios al gasoil.
En el expediente a cargo de Bonadio se detectó, según fuentes judiciales, un perjuicio contra el Estado de 206 millones de pesos.
En la causa por la que Bonadio citó a De Vido y a los ex secretarios de Transporte del kirchnerismo Ricardo Jaime, Juan Pablo Schiavi y Alejandro Ramos, se acumularon varios expedientes referidos al mismo asunto.
Uno de ellos se había originado en un informe de la Auditoría General de la Nación (AGN) que en 2013 analizó los subsidios pagados durante 2010 y 2011.
La AGN criticó con dureza el sistema de pago y control de subsidios: “En lo que respecta al sistema de control imperante en el proceso de liquidación y asignación de beneficios, el mismo presenta deficiencias y debilidades, pudiendo resumirse lo expuesto en que no se han implementado las herramientas necesarias ni se utilizan adecuadamente las existentes”.[/vc_column_text][vc_single_image image=”30644″ img_size=”full” alignment=”center”][vc_column_text]También serán indagados por Bonadio quienes encabezaron la CNRT, Roque Guillermo Lapadula, Pedro Ochoa Romero y Antonio Sícaro. Las declaraciones indagatorias comienzan el 13 de junio próximo y se extenderán hasta el 23 cuando se tenga que presentar De Vido.
Según fuentes judiciales, la situación de Randazzo y los funcionarios que lo acompañaron en su gestión está siendo evaluada. Fue el ex ministro del Interior y Transporte quien implementó la utilización de GPS para controlar los viajes de los colectivos. Pero entre que asumió y se terminó de implementar los GPS se pagaron los subsidios con el sistema anterior.
Una vez que terminen las indagatorias de los funcionarios públicos, comenzarán las de los empresarios que también deberán rendir cuentas por el dinero que cobraron: los dueños de las más importantes líneas de colectivos serán citados por Bonadio.[/vc_column_text][vc_column_text]En el expediente se ha comprobado una extraña situación: la empresa de Transporte Interprovincial Rosarina percibió una cifra superior a los 750.000 pesos durante 19 meses en concepto de subsidio al gasoil. Los investigadores judiciales preguntaron al Registro Nacional de la Propiedad Automotor cuántos colectivos tenía la empresa por entonces. La respuesta fue simple: cero. No tenía colectivos en funcionamiento. Había dejado de brindar el servicio pero igual cobró el subsidio.[/vc_column_text][vc_facebook type=”button_count”][vc_tweetmeme][vc_column_text]Infobae / vm.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]
