El Gobierno nacional dispuso el “congelamiento administrativo de bienes y/o dinero” de los iraníes acusados por el atentado a la AMIA, entre ellos, el ex embajador Hadi Solemainpour y el ex agregado cultural en Buenos Aires Moshen Rabbani.

Las actuaciones tuvieron origen en un informe de inteligencia que “hace alusión a determinadas personas humanas que fueron inscriptas en el Registro Público de Personas y Entidades Vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET) creado por el Decreto 489/2019”  emitido el mes pasado de acuerdo a la resolución.

La inscripción “fue solicitada por el fiscal federal Sebastián Basso, a cargo de la Unidad Fiscal de Investigación del conocido atentado contra la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina”, añadió la UIF en la resolución firmada por su vicepresidenta, María Eugenia Talerico.

Ese informe, explicó, sostiene que la Unidad AMIA “informó acerca de la existencia de imputaciones y solicitudes de captura nacional e internacional de las personas humanas inscriptas en el RePET como resultado de su participación en el atentado terrorista” y “la existencia de trabas de embargo y la inhibición general” de sus bienes.

Los iraníes alcanzados por el medida son: Soleimanpour, Rabbani, Ahmad Vahidi, Alí Akbar Velayati, Alí Fallahijan, Moshen Rezai y Ahmad Asghari.

La UIF dijo que esos imputados, con pedido de captura internacional a través de “alertas rojas” de Interpol, están “vinculados con Hezbollah, la Organización de Seguridad Externa (ESO) y determinadas personas de esa Organización, a partir de la asignación de diversos roles y funciones que les son atribuidos a cada uno de ellos” por el atentado a la AMIA”.

También se alertó sobre “la amenaza terrorista y los riesgos de financiación del terrorismo que representan las personas humanas mencionadas anteriormente”.

La UIF detalló que Velayati “habría participado en la reunión efectuada el 14 de agosto de 1993 en la ciudad iraní de Mashad”, donde se “decidió atentar contra el edificio de la AMIA”.

Velayati, ministro de Relaciones Exteriores iraní entre 1981 y 1997, tuvo “importancia medular” mediante “la instrumentación del atentado otorgando pasaportes, visas, y cobertura diplomática”.

Soleimanpour, añadió la UIF en base a la causa, “desempeñó un papel preponderante prestando su apoyo y tolerancia en el desarrollo de actividades de inteligencia, las cuales se llevaban a cabo en la propia Embajada Islámica de Irán en Buenos Aires, de la cual era su titular”.

Fallahijan, ex ministro de Inteligencia y Seguridad de Irán entre 1989 y 1997, habría coordinado determinados aspectos operativos” del ataque.

Sobre Rezai y Vahidi se reseñó que “ambos, comandantes de la Fuerza Al-Quds y los Guardianes de la Revolución, integraron el grupo que (…) sometió a evaluación la propuesta inicial de atentar contra nuestro país”.

Y a Rabbani se lo vincula “por haber participado en la reunión”, además de “haber brindado todas las facilidades para obtener la camioneta utilizada en el atentado, el lugar donde esconderla, y lo concerniente al armado de la bomba detonada”.

Rabbani fue “actor central en la preparación y ejecución del atentado. Los elementos de prueba provistos por la investigación permiten atribuirle un rol protagónico en la logística local del atentado”, añadió.

Sobre su relación con la financiación del ataque, se aludió a “las acrecentadas sumas de dinero que recibió (…) provenientes de su país de origen” para “solventar los gastos y cubrir las necesidades” del atentado.

También dijo que está “probada la vinculación de Rabbani con miembros activos de la agrupación terrorista Hezbollah”.

En cuanto a Asghari “también habría participado de la reunión donde se decidió el atentado”, teniendo “una marcada influencia en las decisiones” que se tomaban en la embajada de Irán en la Argentina, y “está sindicado como uno de los principales responsables de la operación”, se indicó.

Otro alcanzado días pasados por el congelamiento es Salman Salman (o Samuel Salman El Reda o Salman Raouf Salman), “considerado como uno de los máximos responsables a nivel local” del atentado.

La UIF recordó que Argentina adhirió a lo dispuesto por Naciones Unidas en el sentido de que los Estados Miembros deben congelar “sin dilación los fondos y demás activos financieros o recursos económicos” de las personas y/o entidades vinculadas con el terrorismo.