[vc_row][vc_column][vc_single_image image=”91423″ img_size=”full” alignment=”center”][vc_column_text]Luego de más de cinco horas en las cuales la oposición aprovechó para endilgarle al Gobierno el acuerdo con el Correo Argentino, propiedad de la familia Macri, y se presentaron 42 cuestiones de privilegio, la Cámara de Diputados aprobó la modificación a la ley de ART. Fue con 88 votos afirmativos, 22 negativos y 44 abstenciones.
En un principio se esperaba que el oficialismo tuviera el apoyo de gran parte de la oposición -sobre todo el Frente Renovador y el bloque Justicialista- pero minutos antes de la votación estas dos bancadas anunciaron que se abstendrían porque se conoció que el Gobierno modificó la estimación de cálculo de la movilidad jubilatoria cada semestre.
Graciela Camaño, por parte del massismo, y Diego Bossio, del justicialista, fueron los encargados de comunicar esta disconformidad.
Según dijo el director ejecutivo de la Anses, Emilio Basavilbaso, en declaraciones a La Nación: “Las modificaciones en la manera de aplicar la fórmula fueron hechas para que el cálculo sea más exacto ya que, según afirmó, antes había una ‘pequeña sobreestimación’ de los porcentajes”. Concretamente, según las explicaciones oficiales, se sobrevaloraba la variación que tenía la recaudación de los recursos tributarios que se destinan al pago de jubilaciones.
Por su parte, Elisa Carrió, de Cambiemos, dejó planteada una cuestión de privilegio contra el Poder Ejecutivo “por haber modificado la ley” y anticipó su compromiso para que rige la actual (con respecto a las jubilaciones).
Quien rechazó de plano la iniciativa durante la comisión y durante su alocución en la Cámara fue Margarita Stolbizer, donde opinó que será declarada inconstitucional: “Se habla de la necesidad de bajar los juicios y lo que tiene que terminar haciendo un trabajador, frente al cercenamiento de sus derechos, es otra vez ir a golpear las puertas de los tribunales para plantear una inconstitucionalidad, y entonces tendremos juicios más largos y más caros”.
“Fue una mala ley de origen, que ya tenía como intención crear un mercado de capitales a costa de la salud de los trabajadores”, sentenció.
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