La presión de organizaciones sociales y la urgencia de los tiempos parlamentarios tuvo su efecto: el próximo martes se tratará en la Cámara de Diputados la ley de etiquetado frontal de alimentos, que se encamina a la sanción por amplia mayoría a pesar del rechazo focalizado en provincias del Norte y en el bloque PRO.

El oficialismo anunció que convocará a sesionar en el recinto y el proyecto de “promoción de la alimentación saludable” figurará dentro del temario, que además incluirá otras iniciativas de consenso. Será, además, el regreso a la presencialidad plena en la Cámara baja.

El reclamo por la ley que implementa los octógonos negros en los envases de productos con exceso de azúcares, grasas y sodio se profundizó en los últimos días, ya que a fin de año cae el dictamen debatido en numerosas audiencias públicas en Diputados, tras la media sanción lograda en el Senado hace un año.

Hace unos días, organizaciones de la sociedad civil enviaron cartas a los presidentes de todos los bloques de la Cámara de Diputados para solicitar que se convoque a sesión para sancionar antes de que pierda estado parlamentario el proyecto, que cuenta con dictamen favorable de varias comisiones de la cámara baja.

La iniciativa ordena incluir sellos de advertencia en la cara frontal de alimentos y bebidas analcohólicas con exceso de azúcares, sodio y grasas. Estarán exceptuados el azúcar común, aceites vegetales, frutos secos y la sal común de mesa, aunque en la reglamentación podrían sumarse otros productos. Si además contienen edulcorantes o cafeína, se añadirán leyendas para evitar su consumo en niños.

Además, se obliga a las empresas a declarar el contenido cuantitativo de azúcares, como hidratos de carbono simples (disacáridos y monosacáridos), en el rotulado nutricional de los alimentos envasados para consumo humano.

El criterio para determinar cuándo hay un exceso de nutrientes críticos será el perfil de la Organización Panamericana de la Salud (OPS). Además, los productos que estén en esta condición no podrán contener imágenes infantiles que capten el consumo ni podrán ser comercializados en entornos escolares.

Las grandes industrias tendrán seis meses (prorrogables) desde la publicación en el Boletín Oficial para adaptarse a la ley, y las pymes, doce meses más. Las sanciones por incumplimiento irán desde apercibimientos hasta clausuras.

En el llamado a sesión que se produjo este viernes también se incluyeron otros proyectos como la ampliación de derechos para las personas en situación de calle, régimen diferencial especial para trabajadores vitícolas y despido y remuneración mínima a los trabajadores del sector de viñas y frutales.