BUENOS AIRES. Las entidades bancarias advirtieron que la mayoría de los proyectos de ley presentados en el Congreso de la Nación sobre los créditos hipotecarios UVA, en caso de aprobarse, terminarían dificultando aún más el desarrollo de los préstamos e instó a crear un marco legislativo que promueva el acceso a la vivienda.
De acuerdo con El Cronista, los bancos señalan que la mayoría de los proyectos de ley, que tienen estado parlamentario, proponen el re cálculo compulsivo de las cuotas (retroactivo), imposición de nuevas cargas sobre la operatoria (retroactiva), fijación de tasas máximas y otros elementos que “afectarán el acceso a la vivienda en el futuro”.
En un documento en conjunto, la Asociación de Bancos Argentinos (Adeba) y la Asociación de Bancos de la Argentina (ABA) sostuvieron que los proyectos lograrían un alivio económico como máximo para las 100.000 familias que ya accedieron a una vivienda con crédito hipotecario. Sin embargo, perjudicaría a los 3 millones de familias que tienen problemas habitacionales.
“A este perjuicio se deben agregar los derivados por no contar con el impacto positivo sobre el ingreso y empleo que tienen las actividades relacionas con la construcción de viviendas, que con la aprobación de los proyectos mencionados no ocurriría”, indicaron.
Para graficar su posición, emplearon el ejemplo del proyecto “1664-D-2022”, presentado por Julio Cobos y otros diputados de la Unión Cívica Radical (UCR), que propone renegociar contratos por única vez, tasa máxima del 5% retroactiva y a futuro, suspensión de ejecuciones judiciales y acceso a un fondo de estabilización y sin costo para el solicitante, entre otros puntos.
Según las asociaciones bancarias mencionadas, este tipo de propuestas que aparecen en varios proyectos de ley, afectan a la seguridad jurídica, imponen nuevos costos al Estado y a los usuarios del sistema financiero. Además, según plantearon “reducen sustancialmente la posibilidad” de contar a futuro con un mercado de crédito para la vivienda vigoroso.
De acuerdo con los bancos, los proyectos deberían abordar la creación de una unidad de cuenta hipotecaria, que ajuste por inflación, y un fondo compensador privado entre la variación de la UVA y los salarios, para proteger a los tomadores de crédito en períodos en que la inflación suba mucho más que los salarios.
A la vez, promover el proceso de venta de hipotecas (securitización), con un marco legal que otorgue seguridad jurídica y no grave con impuestos distorsivos a las trasferencias de hipotecas generadas por las entidades bancarias. Asimismo, proponen una simplificación de las actuaciones y procesos notariales.
Por último, la ABA y la Adeba insistieron en la necesidad de fortalecer la seguridad jurídica de las operaciones de crédito hipotecarios y derecho de propiedad. Para las entidades bancarias, los legisladores deberían generar el marco legal que le dé transparencia y estabilidad jurídica a las transacciones de crédito hipotecarios y a los procesos de ejecución en caso de no pago.
