BUENOS AIRES. El fallo judicial de Bahía Blanca, a favor de la inconstitucionalidad de la suspensión de la movilidad jubilatoria y su reemplazo por aumentos por decreto presidencial en 2020, sienta precedente y la Corte Suprema de Justicia podría acompañar esa medida, según anticipó la abogada previsionalista Andrea Falcone, en diálogo con MisionesCuatro.

“En Ciudad de Buenos Aires tenemos los únicos tribunales de todo el país dedicados a Seguridad Social. Pero todos los fallos fueron adversos a los jubilados, y justificaron la quita a los jubilados”, comentó Falcone, este miércoles.

Sin embargo, “en Bahía Blanca, Salta y Mar del Plata hay apoyo a los jubilados y la justificación de la emergencia económica no sería suficiente para la quita que les han hecho”, comentó la abogada, insistiendo en que el fallo del juez de Bahía, considera que “había un derecho adquirido”.

Con la fórmula jubilatoria del 2017, los jubilados tenían que haber cobrado un incremento del 42% en 2020, pero por el Decreto de Necesidad y Urgencia del presidente Alberto Fernández, los que perciben la jubilación mínima, perdieron 7 puntos de aumento. Ese aumento fijado por ley, el jubilado “lo tenía devengado, lo tenía en el bolsillo y se lo han sacado”.

“Este es el planteo que se ha hecho en la justicia. En reclamos similares, no han tenido acogida favorable en la Justicia de la Ciudad de Buenos Aires. Sí en el interior del país”, comentó Falcone. Y aclaró: “siempre los fallos aplican por el caso concreto (particular)”.

Respecto de si este fallo de Bahía Blanca, podría beneficiar al conjunto de los jubilados perjudicados por el ajuste previsional que impuso el gobierno kirchnerista en 2020, Falcone explicó que los fallos siempre resuelven cuestiones particulares. Así pues, los jubilados que quieran ser protegidos ante la quita de un derecho, deberán acudir a la justicia local.

Y puso como ejemplo el fallo Badaro, que benefició a un millón de jubilados, que “lo tuvieron que hacer individualmente para que se les aplique”.

Para Falcone, existen posibilidades de que la Corte Suprema avale una medida de devolución al sector pasivo, cuando atienda las demandas apeladas en los tribunales de CABA. “En Bahía Blanca define la Cámara de Apelaciones. Pero aquí (CABA) ya están para resolver en la Corte Suprema”, remarcó la abogada previsionalista.

“En el caso de la suspensión de las clases, la Corte ya dijo que una situación de emergencia no convalida cualquier quita de derechos. Entonces, alegar que por una emergencia económica los jubilados tienen que sufrir un recorte en sus jubilaciones no debería estar justificado”, argumentó Falcone, poniendo de relieve, que, si la Corte aplica el mismo criterio, terminaría fallando a favor de los jubilados.

En lo específico del fallo del juez en cuestión, Falcone precisó que “la solución que encontró” a la demanda es “que el piso de los aumentos del año pasado debe ser un 42%. En el caso de un jubilado de la mínima, debería recibir un 7% más. Y a los de la máxima, les deberían dar más de un 20%”, puntualizó.

“Por ahora es una solución, no creo que sea lo que convalide la Corte. Creo que lo que tendrían que decir es que los dos aumentos del año pasado, estaban devengados y se tienen que respetar”, señaló Falcone, sobre el piso del reclamo de devolución de los aumentos suspendidos.

En esta línea, Falcone consideró que “el fallo de Bahía Blanca fue muy novedoso aunque no creo que sea el camino que tome la Corte”.

Acto seguido, la abogada previsionalista apuntó contra los tribunales de CABA, por darle la espalda a los jubilados. “Hace 2 años fallaron en contra (del gobierno de Mauricio) Macri por una situación similar. Todos los gobiernos meten mano en la caja de los jubilados. Entonces los defendieron y ahora no”, cuestionó la abogada.

“Hubo un cambio en la composición de los tribunales, eso seguramente tenga algo que ver. Pero esperábamos que los tribunales especializados acompañaran a los jubilados ante una nueva confiscación, lamentablemente eso no sucedió”, se quejó la abogada.

Ante la consulta de este medio, Falcone precisó que, con la anterior fórmula de actualización jubilatoria, “La mínima estaría arriba de los 26 mil pesos. Hoy está en los 23 mil. Pero a medida que aumentan las escalas, la quita fue enorme”, aseguró.

En un tono más reflexivo, Falcone apuntó a los daños a largo plazo que tienen los ajustes en las jubilaciones. Esas quitas, “tienen un efecto inmediato, de confiscación. Pero también tienen un efecto mediato, que es sobre los más jóvenes, que vemos que una y otra vez les meten la mano en el bolsillo a los jubilados. Entonces no creemos en el sistema. Y no nos interesa hacer aportes. Cuantos menos aportes tenga el sistema, menos sustentable es y más en riesgo está”, argumentó.

De acuerdo con Falcone, los fallos judiciales como el de Bahía Blanca, muestran que “empieza a haber un movimiento en la justicia respecto de la suspensión (de la movilidad jubilatoria en 2020)”

Según la abogada, entre el 50 y 60% de los jubilados cobran la pensión mínima en la actualidad.