POSADAS. El problema de la presión fiscal del Estado nacional sobre el campo y sobre toda la actividad económica fue analizado por el economista de la FADA (Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina), David Miazzo, quien reveló que en un estudio de la entidad, determinaron que el 78% de los impuestos que se perciben sobre la actividad agroexportadora de las zonas de Río Cuarto, Marcos Juarez, Villa María y Río Tercero, asciende a los 1.160 millones de dólares, que es “dinero que no vuelve” a las regiones y limita la inversión, la producción y la generación de empleo.

Según Miazzo, en el estudio de caso llevado adelante por la FADA “sobre impuestos por derechos de exportación, que no se coparticipan”, analizaron los montos que generaron cuatro departamentos de Córdoba. “Son impuestos que salen de la región y no vuelven de manera automática. Los pueblos terminan perdiendo recursos, actividad económica, y perdiendo la posibilidad de invertir, producir y generar empleo”, puntualizó Miazzo.

De acuerdo con el economista, las cuatro regiones mencionadas, generan 13 millones de toneladas de granos (soja, maíz y trigo). Y “aportan anualmente 1.160 millones de dólares. Que al cambio actual es algo más de 100 mil millones de pesos”, detalló Miazzo.

Para graficar lo que las regiones pierden por impuestos no coparticipables (el derecho a la exportación), Miazzo reveló que esa suma equivale a 4 plantas de bioetanol, 16 plantas de generación eléctrica de biogás, 48 granjas de cría de cerdos con piaras de 1000 animales, 8 molinos hareneros o 4 frigoríficos de nivel de exportación de nivel de 100 mil cabezas al año”.

Asimismo, esos 1.160 millones de dólares, reinvertidos en la producción generarían “15.700 puestos de trabajo directos e indirectos relacionados a estas agroindustrias”. Por otra parte, “también se hicieron ejercicios con los presupuestos municipales y presupuestos de hospitales. Es dinero que sale de estas regiones y que no vuelve”, subrayó.

Consultado al respecto de cómo se usa ese dinero recaudado por Nación por los derechos de exportación, Miazzo explicó: “La principal función del estado, seguridad, educación salud. Pero ahora, el que puede migra a la educación privada, salud privada e incluso a la seguridad privada (barrios cerrados). Hay una presión tributaria alta para el campo y para todas las actividades económicas. Pero incluso así no alcanza para financiar el nivel de gasto público que tenemos. Y hay que emitir dinero para poder cubrirlo. Ese dinero (emitido) termina generando los aumentos que vemos todos los días”, argumentó Miazzo, vinculando la emisión con la devaluación y la inflación.

Ante la consulta de MisionesCuatro, Miazzo insistió en que los derechos de exportación representan el 78% del total de los impuestos que se cobran por la actividad agroexportadora en las regiones analizadas. El resto de los impuestos se componen de impuestos nacionales (coparticipables, un 16%) e impuestos provinciales (6%).

Para Miazzo, el gobierno nacional “no es capaz de generar crecimiento, empleo y, por tanto, achicar los niveles de pobreza”.

En ese sentido, el economista opinó que “los planes sociales son una parte importante del gasto público”, y el gobierno termina emitiendo dinero para cubrir el déficit fiscal, lo cual “erosiona el poder de compra”.

Iniciativa para terminar con la incompatibilidad de planes sociales y empleo registrado

Por otra parte, Miazzo planteó que la asistencia social no debe generar algo “perverso” como el “desincentivo al trabajo”. Y vinculó esto a los problemas en la producción citrícola y la yerbatera que se vieron este año.

“Hay que generar los incentivos correctos. No por querer que nadie quede desprotegido, generemos un desincentivo a trabajar. La FADA trabajó en un proyecto para que la Asignación Universal por Hijo se unifique con la Asignación Familiar y que eso se pague por fuera del sueldo. Así se puede lograr que eso sea independiente de si la persona tiene o no tiene trabajo. Entonces no está el temor a perder (la asignación) cuando se trabaja en blanco. Sería un excelente mecanismo para que no se genere la cuestión de los productores citrícolas”, detalló.

Sobre el final de la entrevista, Miazzo también cuestionó la suspensión y cupificación de las exportaciones de la carne. “El país necesita crecer, más inversión, más empleo y más exportaciones. Con esta medida el país pierde 100 millones de dólares por mes. El impacto en el empleo ya se empezó a sentir con suspensiones. Y en la inversión también empieza a sentirse. Tenemos efectos negativos, pero sin efecto positivo, porque no hubo estabilización de los precios”, consideró.

“Gran parte de lo que se exporta, es un tipo de carne que los argentinos no consumimos”, insistió Miazzo, apuntando a que los cortes de consumo interno son diferentes de los que se exportan.