POSADAS. El pasado 1 de Agosto, por unanimidad, el Directorio de Prestaciones Básicas que administra y preside Fernando Galarraga, director ejecutivo de ANDIS (Agencia Nacional de Discapacidad), decidió que los aranceles por discapacidad aumentarán un 25%, con cláusula gatillo en el mes de octubre.

Este acuerdo que prevé un incremento retroactivo a Julio del 10%, otro en Agosto del 10% y otro en Septiembre del 5%, fue rechazado de plano por el Colectivo de Discapacidad y los profesionales que prestan servicios de Salud y Educación a personas con discapacidad, por considerarlo insuficiente para recomponer los honorarios de los trabajadores.

Este incremento que se suma a otros otorgados en el año, y según el gobierno nacional, alcanza un 69% nominal en el año. Sin embargo, estas cifras fueron puestas en entredicho por la psicopedagoga Jazmín Kinder, quien recalcó que el sector lleva 11 años consecutivos perdiendo frente a la inflación y que, producto de los salarios de miseria, muchos profesionales están dejando la actividad, lo que pone en riesgo las prestaciones mismas de las personas con discapacidad.

Once años de pérdida de poder adquisitivo para los prestadores de servicios a personas con discapacidad

“Habíamos tenido, para los meses de Mayo y Junio un aumento escalonado del 35%, también escalonado con la promesa de que el Directorio de Prestaciones Básicas se iba a reunir en Julio, por otra revisión. Vimos en Junio, que la inflación acumulada fue del 35%. Y la inflación ya se había comido todo el aumento que habíamos tenido”, comentó Kinder, integrante de Prestadores Precarizados de Salud y Educación, al programa Previa Informativa que se emite por MisionesCuatro.

“Se sentaron recién en Agosto, a discutir nuestros honorarios. Y fijaron un 25% escalonado, sólo que en tres cuotas”, completó Kinder, señalando que hay una promesa “de que en Octubre iba a haber otra reunión del directorio”.

“Sabemos cómo está la situación del país, las exigencias del acuerdo con el FMI implican devaluación y seguramente, (el 25% de Julio a Septiembre) se lo va a comer la inflación”, advirtió Kinder. Y aclaró por otra parte: “Nosotros venimos de años de pérdida salarial, tenemos 11 años consecutivos de pérdida de los honorarios frente a la inflación”.

Un aumento miserable y honorarios muy por debajo de la línea de la pobreza

En esta línea, Kinder fue enfática en lo que plantea el sector: “No se oficializó un aumento, sino más miseria para nosotros, que somos los efectores de los tratamientos de las personas con discapacidad. Y en cómodas cuotas, para que no sea molesto este aumento miserable. Que lo cobramos de acá a 3 meses, como mínimo”, sentenció.

Ante la consulta sobre los montos que están percibiendo por su trabajo, Kinder explicó que “las prestaciones básicas de discapacidad son tres tablas con honorarios totalmente distintos, pero lo que más se conoce son los módulos de maestras de apoyo para las integraciones, las y los docentes de inclusión que acompañan a estudiantes con discapacidad en todas las aulas. Para Julio, aumentó a $50 mil, en Septiembre llegaría a los $57 mil”, graficó Kinder sobre estos sueldos que quedan muy por debajo de la línea de la pobreza para una familia tipo.

“En muchos casos no se puede tomar más de un paciente porque te insume toda la mañana y tarde si es una integración completa. Tenes un techo de lo que uno puede hacer”, advirtió Kinder sobre los problemas laborales que padecen los efectores de estos servicios, a causa de los honorarios de miseria.

El IPS estaría pagando $39 mil a los efectores de servicios a la discapacidad

Pero además, “este nomenclador es orientativo y no regulatorio, no es algo que tienen que seguir sí o sí” las Obras Sociales, Prepagas y Servicios de Salud. “En el IPS estamos cobrando $39 mil, que sumados a ciertas retenciones que nos hace el colegio de psicopedagogos, quedamos en $36 mil”, denunció Kinder sobre la situación que sufren con el Instituto de Previsión Social.

“Entonces es muy dispar la situación, las obras sociales son muy pocas las que pagan a mes vencido. Generalmente demoran 3 meses o más. Hay casos que en este año no han cobrado ni un mes. En el IPS, (en Agosto) cobré el mes de Mayo”, señaló la psicopedagoga. “De las obras sociales, de las prepagas y de los centros que nos atrasan y retienen honorarios, queremos datos concretos y por eso buscamos relanzar un relevamiento (sobre la situación)”, precisó Kinder.

“Es tan desesperante que muchos colegas han tenido que dejar de dedicarse a la actividad. Esto deja en vulnerabilidad a las personas con discapacidad, porque no pueden recibir los tratamientos que tanto necesitan para tener autonomía, y tener una vida lo más plena posible. Entonces no es sólo de los trabajadores, sino que es una cuestión de que los tratamientos están en peligro”, fundamentó Kinder.

En cuanto a las medidas de fuerza que organiza el Colectivo de Discapacidad, Kinder contó: “A finales del mes va a haber un acampe frente a casa de Gobierno. Y los precarizados haremos una asamblea para adherir a esta movilización del colectivo de discapacidad”, detalló.

El peligro de una estatización de los servicios a las personas con discapacidad

Sobre el final, Kinder anticipó que la situación podría agravarse para el sector, si el Ministro de Economía Sergio Massa firma un decreto para estatizar todas las prestaciones de discapacidad, lo que aliviaría a las Obras Sociales, que son manejadas, en su mayoría, por grandes sindicatos y gremios.

“Todo va a empeorar porque Massa va a impulsar un decreto de pasar todas las prestaciones a la órbita del Estado, saliendo de las obras sociales, ya hay experiencias de cómo es el Estado al implementar esos tratamientos, como Incluir Salud, el ex Profe, servicios de salud que funcionan para la mona, que funcionan aún peor (que las obras sociales) Vamos a rechazar ese decreto que sabemos es un guiño a las burocracias sindicales”, planteó Kinder.

Y cerró la entrevista con una reflexión sobre la presente coyuntura del área de la discapacidad y la crisis económica. “Los trabajadores la están pasando mal y el Estado necesita que las burocracias sindicales se queden en su casa”, sentenció.