POSADAS. Desde la UNESCO, están promoviendo capacitaciones para municipios en lo que refiere a los derechos humanos relacionados a recursos naturales como el agua y actualmente, el Centro Internacional de Promoción de Derechos Humanos, en convenio con la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, llevan adelante cursos para municipios de todo el país.

Esta iniciativa está relacionada al Acuerdo Escazú, llamado así porque fue firmado en Escazú (Costa Rica), el 4 de marzo de 2018. Se trata del Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, el primer acuerdo regional ambiental de América Latina y el Caribe y el primero en el mundo en contener disposiciones específicas sobre defensores de derechos humanos en asuntos ambientales. Si bien el acuerdo está abierto a los 33 países de América Latina y el Caribe, fue suscripto por 24 de ellos, el 27 de septiembre de 2018, según informó el portal oficial Argentina.gob.ar.

Alrededor de 227 ambientalistas asesinados en el último año, la mayoría indígenas latinoamericanos

Para hablar de esta iniciativa, Previa Informativa entrevistó a Fernanda Gil Lozano, la directora ejecutiva del Centro Internacional de Promoción de Derechos Humanos. “En América Latina, la mayor cantidad de personas asesinadas o reprimidas y desaparecidas está relacionada a los defensores y defensoras ecologistas”, comentó Gil Lozano.

“En otras épocas veíamos que teníamos que defender los derechos humanos de las personas contra las dictaduras de izquierdas y derechas, hoy estamos hablando de los ambientalistas”, señaló.

De acuerdo con Gil Lozano, “una agencia internacional informó que, en el último año, hubo unas 227 personas víctimas de ataques mortales. Siendo militantes ecológicos, las tres cuartas partes de estos crímenes ocurrieron en Latinoamérica y el Caribe, y el país con más víctimas es Colombia”, informó la directora.

En cuanto a las causas de los atentados y ataques, Gil Lozano detalló que se relaciona con la explotación de recursos y la puja por territorios. “Muchas veces son compañías privadas que están explotando nuestros recursos naturales de una manera depredadora. Y muchas veces son grupos relacionados a los gobiernos. No está muy claro, lo que sí está claro es el número de víctimas”, advirtió Gil Lozano, quien añadió que “muchos son representantes de pueblos originarios, que son los más afectados”.

La necesidad de la capacitación de los municipios

De acuerdo con Gil Lozano, la extracción del oro y metales como el litio y el agua, que por la escasez “van a desatar guerras”, enmarca los atentados contra luchadores ambientalistas. A veces, las comunidades son empujadas a lugares inhóspitos y terminan asentándose en zonas que contienen minerales “que hoy nuestra civilización requiere. No se toma medidas administrativas y comienzan situaciones de muchísima violencia contra comunidades que presentan un alto estado de vulnerabilidad. Tenemos que llamar la atención sobre esto”, sostuvo la directora.

Por esto “firmamos en 2018, el Acuerdo Estazú, de protección a la militancia ecologista, más allá de pensar en los recursos naturales como parte de los derechos humanos y no como mercancías”, comentó Gil Lozano.

En esta línea, la directora contó que están realizando las capacitaciones en derechos humanos relacionados a la cuestión ambiental para diversos municipios. Primero comenzaron con municipios bonaerenses y ahora lo ampliaron a todo el país, según Gil Lozano. “Hay aspectos técnicos que es imprescindible que los municipios conozcan. Todo lo que sea la administración del agua tiene que ser muy rigurosa. Queremos dar herramientas para que no sigan ocurriendo ataques mortales”, sentenció.