A través de un Decreto de Necesidad y Urgencia, se ha dispuesto la derogación del Decreto N° 805/21 y la consecuente finalización de la emergencia en materia de posesión y propiedad de tierras tradicionalmente ocupadas por comunidades indígenas originarias del país, establecida por la Ley N° 26.160 y sus posteriores prórrogas.

Esta decisión responde a la necesidad de garantizar el respeto irrestricto al derecho de propiedad, reconocido en el artículo 17 de la Constitución Nacional, y de resolver los conflictos territoriales generados durante los últimos 18 años de vigencia de la normativa de emergencia.

Fundamentos de la medida:

            1.         Prolongación injustificada: La extensión de la emergencia por más de 18 años ha generado inseguridad jurídica, afectando los derechos de los propietarios legítimos y el desarrollo productivo en las tierras involucradas.

            2.         Abusos y conflictos: Se ha constatado un uso discrecional de los mecanismos de reconocimiento comunitario, lo que incrementó los conflictos territoriales y la fragmentación de comunidades.

            3.         Impacto en la soberanía: La situación derivada de la emergencia ha limitado el dominio sobre recursos naturales, obstaculizado inversiones y generado tensiones sociales en diversas regiones del país.

            4.         Compromiso con la propiedad privada: La medida busca restablecer la confianza en el sistema jurídico, atraer inversiones y fomentar el desarrollo económico, conforme a los pilares de justicia y progreso definidos por el Gobierno Nacional.