Nacionales

Julio De Vido fue procesado con prisión preventiva por el juez Bonadio

cargando anuncio

Es por una causa por operaciones de gas natural licuado. Pidió el desafuero de la Cámara de Diputados y un embargo de mil millones de pesos. Además, procesó a Roberto Baratta, el ex Subsecretario de Función y Control del Ministerio de Planificación Federal kirchnerista.

Julio De Vido fue procesado con prisión preventiva por el juez Bonadio

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Es por una causa por operaciones de gas natural licuado. Pidió el desafuero de la Cámara de Diputados y un embargo de mil millones de pesos. Además, procesó a Roberto Baratta, el ex Subsecretario de Función y Control del Ministerio de Planificación Federal kirchnerista.[/vc_column_text][vc_media_grid grid_id=”vc_gid:1508493371155-7d274d25-d4b5-2″ include=”138502,138503,56420″][vc_column_text]CAPITAL FEDERAL. El juez Claudio Bonadio procesó por “defraudación a la administración pública y administración fraudulenta” a Julio De Vido y a Roberto Baratta. La medida fue con prisión preventiva y es en la causa por irregularidades en las contrataciones de buques con gas natural licuado por los que se llegaron a pagar 15 mil millones de dólares con un desvío de fondos por más de 6.900 millones de dólares entre los años años 2008 y 2015. El embargo trabado fue de $ 1.000 millones para cada uno.

Con el procesamiento, el juez ordenó la inmediata detención del ex Subsecretario de Función y Control y se sumó al pedido de desafuero que ya tiene el ex ministro pedido en otra causa y que comenzará a tratarse la próxima semana. ​

En la causa se procesaron sin prisión preventiva a otras 23 personas, entre ellos ex ministro menemista y asesor de De Vido Roberto Dromi. Se les aplicó un embargo también, de $ 1.000 millones de pesos a cada uno.

En la causa que llevó adelante el fiscal Carlos Stornelli, se investigó la compra de los barcos de Gas Natural Licuado (GNL) que se importaron durante el gobierno kirchnerista para abastecer las plantas radicadas en Bahía Blanca y Escobar, Julio De Vido sumó un nuevo pedido de prisión preventiva.

​El juez Bonadio encontró a los 25 procesados, responsables de haber participado en una “maniobra defraudatoria” en el marco de la importación de GNL, durante los años 2008 a 2015, generando un perjuicio económico al Estado de 6.995.926.798 dólares. “Pues el precio por el que se abonó el GNL -dólar por millón de BTU- fue superior a los valores de mercado”, indica la resolución de 269 páginas.

El extenso listado de imputados que incluye al ex secretario de Energía Daniel Cameron y al ex asesor Roberto Dromi, desempeñaron sus respectivos cargos “formando parte del sistema creado por el Ministerio” que condujo De Vido durante doce años y que tuvo a cargo “el proceso de importación del GNL”.

Fueron De Vido y Baratta quienes, según la resolución, “tuvieron en sus manos el diseño de todo el plan delictivo y la estructura que concretó la importación de GNL” y “diagramaron y mantuvieron en el tiempo la maniobra mediante la cual se perjudicó las arcas del Estado”.

Al momento de argumentar la prisión preventiva, el juez consideró que los dos ex funcionarios de Cristina Kirchner, representan “un riesgo de entorpecimiento de la investigación” y que atento a sus vínculos, “siendo De Vido Diputado Nacional, de continuar en libertar podrían entorpecer el accionar judicial y en consecuencia el descubrimiento de la verdad”.

Roberto Baratta quedó detenido después de las 17.30 en el barrio de Belgrano y fue trasladado a la Comuna 12 de la Policía de la Ciudad. No puso resistencia y antes del fin de semana será trasladado a una de las cárceles del Servicio Penitenciario Federal.

En el caso de De Vido, la discusión por su desafuero iniciará el martes en la Comisión de Asuntos Constitucionales por orden del juez Luis Rodríguez que lo investiga por malversación de fondos que debía dirigirse a la mina de carbón de Río Turbio. Se suma este pedido de Bonadio dejándolo a un paso de la cárcel si prospera en el Congreso su desafuero.

Según el expediente, la operatoria comenzó en el 2008 con la compra de ocho buques provistos por YPF-Repsol y luego pasó a contratarse a Gas Natural Fenosa de España, British Petroleum, Vittol, Glencore y Morgan & Stanley.

En el período investigado (2008-2015) llegaron al país 497 barcos con GNL: 232 amarraron en Bahía Blanca y 265 en el puerto de Escobar. Cada barco tenía un valor aproximado de 30 millones de dólares y por los casi 500 barcos de gas licuado se pagaron 15.300 millones de dólares. Y el sobreprecio detectado es 6.900 millones de dólares “un equivalente a 13 millones de dólares por barco”.

El gas natural licuado que se descargaba debía ser regasificado en un buque que también oficia de planta, para luego ser inyectado a la red de distribución. Estas compras son las que se investigaron bajo la sospecha que hubo negociados.

​En aquel entonces las compras correspondían a la órbita del extinto Ministerio que dirigió De Vido y quien declaró hace dos semanas, que las compras de GNL fueron para “paliar una difícil situación climática que se vivió en 2007”.

Al momento de analizar las responsabilidades institucionales, Bonadio señaló que De Vido como su segundo -Baratta-, fueron los principales “responsables de idear la maniobra” y así “infringieron los deberes inherentes a sus cargos, en perjuicio de los bienes que debían proteger”. En tanto José Roberto Dromi y Roberto Nicolás Dromi San Martino “intervinieron como intermediarios de ENARSA y ciertas empresas proveedoras del GNL”.

A su vez quienes estuvieron a cargo de ENARSA (empresa a través de la cual se compraba GNL) tuvieron “posibilidades reales de terminar con la maniobra en cualquier momento o permitir que continuara” y por ello el juez los encontró “coautores” de la defraudación ya que lejos de modificar el sistema implementado “se encargaron de diseñar y pulir el sistema de corrupción” sobre la adquisición de GNL.

La causa comenzó en 2014 con la denuncia de los entonces diputados nacionales Federico Pinedo, Patricia Bullrich y Laura Alonso, donde plantearon el presunto pago de sobreprecios y de ·comisiones innecesarias a intermediarias en las sucesivas compras de barcos que se realizaron desde 2008 en adelante.

(Fuente: Clarín)[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Comentarios