Además, ordenó al Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) “abstenerse de emitir y llevar a cabo” alguna decisión al respecto, hasta tanto se dicte sentencia definitiva.
Mediante el decreto 690, emitido el 11 de agosto, el Gobierno nacional declaró “servicios públicos esenciales y estratégicos en competencia” a la telefonía celular y fija, Internet y la televisión paga. La medida además dispuso el congelamiento de los precios hasta el 31 de diciembre y luego autorizó sólo un 5% de incremento y dispuso que las empresas del sector deben contar con autorización del Estado para cualquier modificación tarifaria.
El texto del DNU 690/2020 determina cambios a la ley 27.078 de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), además incorpora un artículo en el que se otorga el “carácter de servicio público en competencia” para los servicios de las TIC y el acceso a las redes de telecomunicaciones “para y entre” sus licenciatarios. También determinó que la autoridad de aplicación, es decir el ENACOM, “garantizará su efectiva disponibilidad”.
El ENACOM fue notificado este martes de la decisión judicial que restablece la potestad de los operadores de cable y telecomunicaciones de fijar sus condiciones de comercialización, como servicio en competencia, a los fines de garantizar la continuidad, la sustentabilidad y la calidad del servicio que brindan muchas empresas en Argentina.
“La medida cautelar, iniciada por un representante de nuestra industria de la provincia de Córdoba, determina la suspensión del DNU 690, del DNU 311 y de todo acto dictado como consecuencia de dichas normas. Asimismo, ordena al Poder Ejecutivo nacional y al ENACOM abstenerse de emitir y llevar a cabo acto alguno con fundamento en dichos decretos, hasta tanto se dicte sentencia definitiva”, señaló la Asociación Argentina de Televisión por Cable (ATVC) a través de un comunicado.
Para las empresas del sector, esta intervención estatal y el retraso en los precios, sumado al significativo aumento de los costos, muchos de ellos dolarizados, significaron “una disminución muy significativa de la generación de ingresos”, que “pone en riesgo la posibilidad de realizar inversiones de capital ya no para el crecimiento sino para el propio mantenimiento de los servicios TICs que demandan los usuarios, que han demostrado con la pandemia requerir cada vez mayor ancho de banda, mayor velocidad, más tecnología y más contenidos”, señalaron.
