Nacionales

Preparan ley para impedir nombramiento de familiares en el Estado

cargando anuncio

El gobierno nacional impulsaría una reforma de la Ley de Ética Pública, que extenderá la purga de familiares con cargos, a la Justicia y el Congreso de la Nación. Además, se exigirá que los sindicalistas presenten sus Declaraciones Juradas.

Preparan ley para impedir nombramiento de familiares en el Estado

El gobierno nacional, a través de la Oficina Anticorrupción y la Secretaría de Fortalecimiento Institucional, impulsaría una reforma de la Ley de Ética Pública, que extenderá la purga de familiares con cargos, a la Justicia y el Congreso de la Nación. Además, se exigirá que los sindicalistas presenten sus Declaraciones Juradas.CAPITAL FEDERAL. Una reforma en la Ley de Ética Pública que prepara el gobierno nacional apuntará a expulsar a los familiares de funcionarios nombrados en el Estado, tanto en el poder Ejecutivo, como en el Legislativo y Judicial. La norma impediría a cualquier funcionario a designar a familiares consanguíneos hasta el cuarto grado (primos) y hasta el segundo grado por afinidad. Además, se exigirá a los sindicalistas, que presenten sus declaraciones juradas.

En el discurso que pronunciará el 1° de marzo en el Congreso, al inaugurar las sesiones ordinarias, el presidente Mauricio Macri presentará los desafíos en materia de transparencia que trazó para este año. De esos temas formará parte el proyecto de Ley de Ética Pública, que el Gobierno terminará de pulir la próxima semana con el objetivo de apurar su debate parlamentario.

Si bien los funcionarios a cargo de la iniciativa ponen reparos y aclaran que “todavía no está cerrado”, un diario de tirada nacional publicó hoy que el texto que propondrá la Casa Rosada contendrá tres puntos que en los últimos meses estuvieron en la agenda pública: el combate del nepotismo, la instrumentación de medidas para evitar casos de conflictos de interés y la obligatoriedad de la presentación de las declaraciones juradas para los gremialistas.

¿Una ley que apunta a terminar con el nepotismo?

Aunque tanto la titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, a cargo de la redacción del proyecto, como el flamante secretario de Fortalecimiento Institucional Fernando Sánchez, quien desde Jefatura de Gabinete supervisa la iniciativa, ya habían acordado junto a un grupo de legisladores incluir el tema, el decreto que firmó el Presidente para prohibir la designación de familiares de ministros en el Ejecutivo, los forzó a ir más allá.

Así, el proyecto, en su artículo 5, amplía el concepto y no sólo atiende la situación de los ministros. Establece, además, que “los funcionarios públicos”, sin importar el rango, “no pueden promover ni designar a familiares hasta el cuarto grado o segundo por afinidad, en la jurisdicción en la que cumplen funciones”. Es decir, un funcionario no podrá contratar bajo su área ni siquiera a un primo.

Cabe aclarar que Macri se vio obligado a firmar el decreto para prohibir la designación de parientes de funcionarios en el Ejecutivo tras los escándalos que involucraron al Ministro de Trabajo, Jorge Triaca, entre otros ministros con familiares en el Estado.

Por otra parte, es preciso destacar que esta ley no erradicará el nepotismo, sino que lo limitará. Es que muchos nombramientos de familiares de funcionarios no se concretan de forma directa, es decir, no es el pariente directo el que firma la contratación, sino otro funcionario de otra área, pero del mismo espacio político.

Se extendería la purga de familiares a la Justicia y al Congreso

El texto aclara que la prohibición “se extiende a cualquier tipo de designación recíproca que suceda entre las distintas reparticiones”. Esto es moneda corriente en el Congreso.

Pero el proyecto, al menos en este punto, es ambicioso y terminaría por partida doble con estos enroques. Es que, además, extiende el decreto de Macri a los otros dos poderes del Estado: los familiares de legisladores no podrán ser contratados en el Congreso. Asimismo los de jueces y fiscales tampoco podrán ingresar en el Poder Judicial y en el Ministerio Público Fiscal, respectivamente.

Buscan subsanar los “conflictos de interés”, tras el caso Aranguren

Con el proyecto, el Gobierno también apunta a retomar la agenda pública en su punto más bajo en cuanto a transparencia: el conflicto de interés. Por eso, en el artículo 28 establece pautas de actuación no sólo ante un caso “actual”, como el que obligó al ministro de Energía, Juan José Aranguren, a vender sus acciones en Shell.

Introduce como novedad la figura del conflicto de interés “potencial”, que exige a un funcionario abstenerse de intervenir en cuestiones vinculadas a personas o firmas con las que tuvo relación en los tres años anteriores. Esta medida fue puesta en práctica por el Ejecutivo cuando le ordenó al ministro de Producción Francisco Cabrera intervenir en lugar de Aranguren en los asuntos relativos a la petrolera.

Por último, establece el conflicto de interés “aparente”, que hace una interpretación más amplia. Fija casos “en los que no se configura un conflicto de intereses actual o potencial” pero que “la significación institucional, social o económica de una situación, amerite fortalecer la confianza de la ciudadanía”.

La embestida contra los sindicalistas adinerados

Asimismo, además de requerir declaraciones juradas más reales para los funcionarios, al imponer -entre otras cuestiones- la obligatoriedad de consignar el precio de venta de una propiedad en vez del valor catastral, el Gobierno insertó en el proyecto modificaciones a las leyes 23.551 (de las Asociaciones Sindicales) y 23.660 (Obras Sociales) por lo que establecerá “la obligación de presentar la declaración jurada patrimonial de intereses” a los miembros de los órganos directivos y de administración de los gremios y obras sociales.

La idea es que las DD.JJ. puedan ser consultadas online por cualquier ciudadano.

Desde luego, este punto, en medio de la discusión paritaria con los gremios y sindicatos más grandes, puede ser leído como una presión contra los jerarcas sindicales. Muchos de los secretarios generales vitalicios que pululan en las provincias, tendrán enormes problemas al momento de justificar sus patrimonios. En Misiones no son pocos los que se encuentran en esta situación.

Para el próximo miércoles, Alonso y Sánchez trazaron una mesa de trabajo en el Salón Pueblos Originarios de Casa Rosada. Y tras escuchar los últimos aportes de referentes de todos los sectores, pulirán el proyecto, para que Macri lo gire al Congreso. Una vez ahí, el oficialismo deberá negociar con la oposición para que avance el proyecto. Los sectores vinculados a la burocracia sindical, y los gobernadores de provincias en las que el nepotismo es una práctica habitual, se opondrían a la iniciativa.

Cabe aclarar que todos los nombramientos en el Estado deberían darse por concurso público. Por lo que esta normativa termina demostrando que no se cumple con este punto en el orden nacional, provincial y municipal.

Clarín/JMM.

Comentarios