Los
procesamientos se dictaron con prisión preventiva pero ambos empresarios
seguirán en libertad porque la Cámara Federal porteña ya les otorgó la exención
de prisión en el caso, según la resolución firmada este martes.
López y De Sousa quedaron procesados por presunta “defraudación
contra la administración pública” con embargos de 141 millones de pesos.
Bonadio dispuso además el procesamiento sin prisión
preventiva de otros nueve acusados en esta causa, entre ellos uno de los hijos
de Cristóbal López, Cristóbal Nazareno López, con un embargo de cien millones
de pesos.
“El hecho que se les imputa a los nombrados consiste en haber
participado de la defraudación perpetrada en perjuicio del Ente Nacional de
Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA) dependiente de la Secretaría de Obras
Públicas del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda de la Nación,
durante el período comprendido entre los años 2013 y 2017”, se recordó en el
fallo al que accedió Télam.
Los delitos se habrían cometido en el marco de la obra
pública denominada “Optimización del Sistema Acueducto Regional Lago Musters –
Comodoro
Rivadavia – Rada Tilly – Caleta Olivia y Provincias de Chubut
y Santa Cruz” adjudicada a la firma C.P.C. S.A.
Bonadio sostuvo que entre 2009 y 2015, la empresa Inversora
M&S Sa -anteriormente Oil Minerals SA- “resultaba ser una de las
accionistas mayoritarias de la empresa CPC S.A”.
“Así las cosas, Cristóbal Manuel López y Carlos Fabián De
Sousa fueron presidente y vicepresidente respectivamente de la firma Inversora
M&S S.A. (principal empresa del Grupo
INDALO), así como también los prenombrados eran personalmente titulares de
acciones”, fundamentó el juez.
Esta investigación se abrió a raíz de una denuncia de la
Oficina Anticorrupción hecha en 2017 por supuestas irregularidades en obras
para un acueducto entre Chubut y Santa Cruz.
La denuncia se basó en un informe de la Sindicatura General
de la Nación referido a supuestas irregularidades para beneficiar a una
determinada empresa. En la causa se investiga a la firma CPC SA, del grupo
Indalo.
Entre los procesados está el hermano de Fabián De Sousa,
Osvaldo Manuel De Sousa.
Entre los delitos por los que están acusados el juez enumeró
presuntos “actos infieles” como el pago a CPC de 13.141.942,06 pesos por obras
incompletas que el ENHOSA certificó como culminadas.
Además se les atribuyó una supuesta infracción a la ley de
obras públicas 13.064 porque el proyecto original se modificó en un 87,25 por
ciento “superando así el límite legal previsto en la ley”.
Además se sostuvo que ENOHSA “emitió pagos a la firma
CPC” por 21.797.311,72 pesos por “materiales y equipamiento acopiado
en obra sin sus respectivos certificados de acopio”.
López y De Sousa estuvieron detenidos en la causa por el no
pago a los combustibles líquidos en su petrolera Oil Combustibles y en la de
los cuadernos de la corrupción, pero ya fueron excarcelados en ambas.
En esta investigación por el Acueducto sus defensas habían
pedido la exención de prisión, Bonadio la rechazó pero la sala I de la Cámara
Federal porteña se las otorgó.
También quedaron procesados sin preventiva los al momento de
los hechos administrador del ENOHSA, Lucio Tamburo; su asesora jurídica
Gabriela Tamame, el gerente
técnico Sergio Benet, el inspector de la obra Ricardo Williams, el apoderado de
CPC Gustavo Dalla Tea, el representante técnico de esa firma Luis María Cenoz y
el accionista Raúl Zamora.
Procesaron a Cristóbal López y De Sousa por la construcción de un acueducto
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