[vc_row][vc_column][vc_column_text]Fuentes consultadas indican que con el debate por la despenalización del aborto, el precio de la práctica que estarían percibiendo médicos y clínicas, se habría disparado por encima de los 10 mil pesos. Si se considera que los abortos clandestinos superan los que se realizan en los hospitales, la cifra de las ganancias a partir de la prohibición, sería millonaria.[/vc_column_text][vc_column_text]
Por José Mauricio Martínez
[/vc_column_text][vc_single_image image=”185404″ img_size=”full” alignment=”center”][vc_column_text]El aborto clandestino, podría estar generando una ganancia de alrededor de 3 millones de pesos por año, sólo en Posadas, según estimaciones que cruzan datos oficiales y extraoficiales. Las cifras son discutibles por tratarse de una práctica que se realiza en la clandestinidad, pero fuentes de este medio aseguran que clínicas y médicos posadeños están cobrando entre 7 y 10 mil pesos por un aborto en Posadas.
Los últimos datos fiables brindados por funcionarios de Salud Pública, en la década pasada, indican que hubo un promedio anual de 749 abortos realizados en el Hospital Madariaga, entre 2002 y 2004. Aunque el ex Jefe de Maternidad y Obstetricia, Dr. Eduardo Zbikoski, dijo que en 2002 se realizaron unos 360 abortos hospitalarios. Por aquel entonces, el propio funcionario estimó que los abortos en las clínicas cuadruplicaban los realizados en los hospitales, y admitió que se cobraba entre 400 y 600 pesos por cada uno. A un dólar a $3,90, serían entre 100 y 150 dólares.
Sin embargo, prácticamente no hubo denuncias, ni mucho menos, médicos procesados por abortos clandestinos. El caso más conocido es el del ya fallecido Solón Acevedo Gamón, que fue denunciado a principios de los 90s, y logró huir a Encarnación, donde montó otra clínica. La justicia paraguaya lo procesó dos veces por abortos clandestinos, la última vez, en diciembre del 2008, por pedido de la entonces fiscal Elba Cáceres. Gamón, también estaba acusado de sustracción de bebés.
Y no hay denuncias justamente, por la prohibición. Es que si una mujer que se practicó un aborto clandestino denuncia al galeno u obstetra que le cobró por la práctica, automáticamente se transforma ella misma en una “criminal”, o cuando menos, en una infractora del vigente código penal. Así fue como hubo una denuncia en 2002 no llegó a transformarse en una investigación porque la propia mujer negó la participación del médico acusado.
En palabras del ex jefe de Maternidad: “Nosotros hemos denunciado un caso, en el que la mujer manifestó que se practicó un aborto con una equis persona, hemos hecho la denuncia, vino la comisaría, vino el oficial de justicia, trajeron su máquina para hacer el interrogatorio a la mujer y bueno. La mujer declaró finalmente que no se hizo nada porque de lo contrario iría presa”, dijo en aquella oportunidad el Dr. Zbikoski, en una nota a un reconocido portal de noticias de Posadas.[/vc_column_text][vc_single_image image=”164198″ img_size=”full” alignment=”center”][vc_column_text]Pero hay más. Según datos oficiales informados por el Madariaga, se realizaron 720 abortos hospitalarios en 2004. La cifra se mantenía relativamente estable respecto de los años anteriores: 694 en 2003 y 833 en 2002. En el Samic de Eldorado, también según cifras oficiales, en 2004 se registraron 461 casos de abortos hospitalarios. Por entonces, el vicedirector del nosocomio, Julio Antueno, se mostró alarmado por la cifra, considerándola “muy alta” teniendo en cuenta que se registraban unos 900 egresos mensuales en el Samic eldoradense.
En la mayoría de los casos, las mujeres y adolescentes llegaban al hospital con hemorragia, debiendo ser sometidas inmediatamente a una cirugía denominada “legrado terapéutico uterino” cuyo diagnóstico definitivo es “aborto incompleto”. En esas circunstancias, para los médicos es imposible detectar si el aborto es provocado o no. Esta información se hizo pública en Marzo del 2005, a través de portales misioneros, en el contexto de la instalación del debate del aborto legal por el ex ministro de Salud de la Nación, Ginés González García.
Para el ex jefe de Maternidad mencionado, la cifra de abortos clandestinos en las “clínicas” y consultorios, allá por 2002, era mucho mayor que las realizadas en los hospitales, en el marco de los llamados “abortos incompletos”. De hecho, no sólo confirmó que se cobraba más de 150 dólares por los abortos, sino que además se permitió sospechar sobre la participación de sanatorios posadeños en ese gigantesco negocio. “Cobran gastos sanatoriales. Internación. A veces se internan con otro diagnóstico. Hay muchas formas de hacer dibujos”, graficó por entonces el galeno.
Mucho más cerca en el tiempo, en 2011, el caso de la violación de una nena de catorce años, a la que la jueza de Familia Julia Marta Alegre, le impidió realizarse un aborto no punible, reavivó el debate y desnudó el doble estándar con que se miden las situaciones. “Con plata esto no pasaba”, habría dicho un ministro al respecto de ese caso en el que la justicia misionera hizo lugar los planteos judiciales de abogados ligados a la curia, impidiendo el derecho de la niña.
En ese 2011, se publicó un informe periodístico que señalaba que en Posadas, se practicaban decenas de abortos en clínicas privadas con la única condición del anonimato y contar con más de 1.500 pesos (al cambio de entonces, unos 350 dólares).
El informe planteaba, en base a fuentes surgidas del propio círculo médico, que en Posadas había no menos de cinco “clínicas” que se dedicaban a practicar abortos clandestinos. Esas fuentes, aseguraban que las prácticas no se realizan en sanatorios, sino en oficinas privadas acondicionadas.
Pero esta es la realidad de las mujeres y adolescentes provenientes de sectores socialmente privilegiados. Las chicas de sectores socialmente desfavorecidos, al no contar con recursos económicos, se encuentran expuestas a los abortos mal realizados. Y a la muerte por sepsis o por hemorragia, entre otras “complicaciones”.
De acuerdo a los registros oficiales de Salud Pública, en 2009, en Misiones se produjeron 23 casos de muerte materna, de los cuales dos fueron a consecuencia de complicaciones por abortos inducidos (por lo general infecciones generalizadas). En 2010 no hubo registro y hasta Agosto del 2011, se habían contabilizado ocho muertes maternas. Entre ellas, dos mujeres de 18 y 26 años respectivamente, que dejaron de existir también por abortos mal hechos.[/vc_column_text][vc_media_grid grid_id=”vc_gid:1531918825251-d1d9b7f1-832b-4″ include=”169350,187205,149502″][vc_column_text]Ahora bien, en una nota realizada semanas atrás, el vicegobernador Oscar Herrera Ahuad, un anti-legalización declarado, dijo que en 2017 hubo un sólo caso de complicaciones por aborto. Teniendo en cuenta la posición tomada por el conductor de la Renovación, Carlos Rovira, y la mayoría de los dirigentes del partido que gobierna Misiones desde 2003 a la fecha, la cifra “informada” por Herrera Ahuad, que debe ser tomada con pinzas.
De hecho, el ex Ministro de Salud no mencionó los registros de las muertes por complicaciones por aborto que se habían producido en 2009 y 2011. Si quiera para tratar de instalar que se mejoraron las cifras. De cualquier forma, pocos creen que no se estén realizando abortos clandestinos en “clínicas”, consultorios o sanatorios de las ciudades más importantes de Misiones.
A esta posición de Herrera, tratando de minimizar el problema de los abortos clandestinos, hay que entenderla en el presente contexto político. Se debate una ley que podría poner blanco sobre negro en toda esta problemática, afectando los objetivos políticos de las iglesias -además del interés económico de los que lucran con los abortos. Es el vínculo entre la Renovación y las Iglesias, además del consabido principio ‘ético’ (ideológico) del vice, lo que estaría condicionando sus posturas públicas.
No hace falta recordar que el gobierno provincial y la Iglesia Católica tienen negocios en conjunto, como la gestión y explotación de la Ucami (Universidad Católica de las Misiones). Pero además, es preciso plantear que una parte del poder político de la Renovación, descansa justamente en las instituciones eclesiásticas y pastorales. ¿Qué pasaría en la provincia si los sacerdotes y pastores denunciaran sin miramientos la desnutrición, la pobreza, la marginalidad, la falta de agua y cloacas, entre otros temas que afectan políticamente a la Renovación? El gobierno se vería debilitado.
Así pues, en un contexto en el que se podrían afectar principios básicos del dogma religioso -la concepción de la mujer atada a su función reproductora, la idea de una sexualidad exclusivamente orientada a la reproducción, etc.-, la jerarquía eclesiástica exige al gobierno, un determinado posicionamiento. Postura que se cristalizó con la declaración de “interés provincial” para las marchas “pro-vida” por parte de Rovira.
Como sea, la mayor parte del electorado misionero es anti-legalización, así que el cálculo electoral no debe dejarse de lado al momento de analizar las posturas de los dirigentes renovadores sobre este tema.[/vc_column_text][vc_single_image image=”184836″ img_size=”full” alignment=”center”][vc_column_text]Para finalizar, volvemos sobre la cuestión económica, un tanto oculta en el debate por la legalización del aborto. Si se sanciona la ley IVE -y si se promulga-, no sólo recibirían un manto de protección las mujeres y niñas que deseen interrumpir la gestación de un embarazo no planificado -y recuérdese que según el propio ministro de Desarrollo Social, Lisandro Benmaor, hubo más de 200 niñas menores de 14 años que fueron obligadas a parir en Misiones el año pasado.
Además, se estaría afectando un negocio fabuloso de médicos, obstetras, clínicas y sanatorios que lucran con los abortos clandestinos en el actual contexto abolicionista. Se trata de una ‘industria’ que no paga impuestos y que se concreta con virtual impunidad. Cualquier médico que niegue esto, caería en una postura de enorme hipocresía.
Como se planteó al inicio de este artículo: las fuentes consultadas hablan de un costo que se disparó por encima de los 7-10 mil pesos por aborto. A 300 abortos por año en Posadas, son 3 millones de pesos. Son números descabellados y hasta inverosímiles, pero ayudan a entender el abroquelamiento de un sector de la corporación médica. Más allá de los argumentos “en defensa de las dos vidas”.[/vc_column_text][vc_facebook type=”button_count”][vc_tweetmeme][/vc_column][/vc_row]
