Cualquiera que viva en la Argentina sabe que en nuestro país el poder judicial se mueve o se queda quietito según el clima político de cada época. La influencia política a veces es más directa y a veces es menos directa. Y siempre hay quién se “apreta” solo a favor de quedar bien con quién la época mande. Si se vive en Misiones y se tiene información fidedigna, eso exime de mayores explicaciones. Y si se vive en Oberá, casos como el impune crimen de “Marilyn” Bárbaro eximen hasta de una mínima explicación. En la Argentina la división de poderes ha sido, desde siempre, más una aspiración que una realidad.

Tampoco se puede ignorar que nuestro sistema carcelario está lejísimo de cumplir con el mandato constitucional. Años de hacer todas las cosas mal, dejaron problemas latentes. Presos que pasan demasiado tiempo sin condena. Presos que pasan poco tiempo aún con condena. Hacinamiento. Mafias. Complicidad o amateurismo en las fuerzas del orden. Impunidad. Y un etcétera de circunstancias que hacen de la mentada rehabilitación una entelequia.

Con problemas que permanecen latentes basta una coyuntura, por ejemplo, la de esta pandemia, para tener que volver sobre asuntos que estaban olvidados, pero no resueltos.

Aprovechando que la expansión del coronavirus es nuestra preocupación número uno algunos siguen haciendo de las suyas porque gustan de sacar partido de los peores momentos. Así que mejor le ponemos nombres propios a algunos de esos momentos:

-el 6 de abril el Tribunal Oral Federal 4 le otorgó la prisión domiciliaria a Amado Boudou, para que no se contagie de coronavirus. Apenas diez días antes el mismo tribunal había rechazado el pedido de excarcelación que hizo la defensa del ex vicepresidente. El Servicio Penitenciario Federal no lo había incluido entre los presos considerados de riesgo de contagio. ¿Qué cambió en tan poco tiempo para que la misma gente tome la decisión opuesta? Como sea, la liberación de Boudou alentó un par de motines en cárceles de la Capital Federal y del conurbano bonaerense. Las imágenes de esos motines y la data que saltó al examinar la cuestión levantó la temperatura de la población. Y no fue por el coronavirus.

-El 19 de abril el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla Corti, pidió la prisión domiciliaria de Ricardo Jaime, el ex secretario de Transporte condenado por robar pruebas en un allanamiento, por cobrarle coimas a las empresas que debía controlar y por la llamada “Tragedia de Once” que se llevó la vida de 52 personas.

-El 25 de abril Roberto Cipriano García aseguró que “Vamos a trabajar por la liberación de la mayor cantidad de presos”. García es el actual secretario de la Comisión Provincial por la Memoria, un organismo público de la provincia de Buenos Aires.

-Hace una semanita el propio presidente Alberto Fernández avaló públicamente la liberación de presos. Luego, cuando las cacerolas volvieron a sonar, negó que pretenda una liberación masiva. Ya sabemos que defender algo y luego defender lo contrario es una buena síntesis de la carrera política de nuestro Presidente.

Según fuentes oficiales, sumados el Sistema Penitenciario Federal y el Bonaerense, se les otorgó prisión domiciliaria a 1.120 presos. Personas que incumplen la ley, ¿cumplirán con la cuarentena?

Pero no hay que irse muy lejos. Pese a que la Cámara Federal de Casación emitió una acordada en la que recomendó a los tribunales que adopten medidas alternativas a la cárcel para quienes estén presos por delitos no violentos, cuando abril se iba los jueces del Tribunal Penal de Eldorado le dieron prisión domiciliaria al empresario Dalmasso, condenado por violar a dos de sus hijos adoptivos.

A ver, repasemos un poquito un par de pretendidos argumentos que utilizan esos que adhieren a la alarmante costumbre de defender cualquier cosa que haga el gobierno que les paga (algunos bobos hasta ponen cartelitos en Facebook hablando de la división de poderes. Son patéticos):

-Dicen que libera la justicia, no el gobierno. El Secretario de Derechos Humanos de la Nación o el titular de la Comisión Provincial de la Memoria Bonaerense, ¿qué son? ¿A quién responden? El aval del Presidente y los pedidos de funcionarios públicos, ¿son un conjunto de palabras inocuas? ¿En serio? ¿Y si contamos uno de Jaimito?

-Otros pretenden que las excarcelaciones son para delincuentes menores. A ver, para seguir en Misiones, ¿Qué clase de delito es violar a una persona, una persona menor de edad, y que es el propio hijo del violador? ¿Eso es un delito menor?

Nuestro progresismo “trucho” pretende que la preocupación por la seguridad es un berretín de burgueses. Y que, en el intrínsecamente corrupto sistema capitalista, todo preso es víctima de la sociedad. “Todo preso es político”, canta el “Indio” Solari.

Semejante cuestión debe ser tomada en serio. Demasiado esfuerzo hace la sociedad que está encerrada en su casa, que no puede trabajar y generar ingresos para pagar las cuentas que le siguen llegando, como para sumarle la preocupación por la salida irresponsable de ladrones, asesinos, violadores, pedófilos, femicidas y toda clase de psicópatas.

Una política sanitaria que cuide bien de la salud, a la que todo preso también tiene derecho, es algo muy distinto de avalar liberaciones al voleo para que algunos se mantengan contentos.

“Soy un buen error. Cométeme”, escribió la poeta Alejandra Pizarnik.

Lo que se está haciendo es un tremendo error. No sigan. Señor Presidente, deje de echarle la culpa a los medios que ese método ya tiene mucha naftalina. Mejor, hable con ella.

Porque en estas tierras de concentración de poder, y de falta de controles republicanos, será Alberto Fernández quién decida.

Él tiene la penúltima palabra.

Por Walter Anestiades