El pasado 30 de mayo, se vivió una marcha y convocatoria por parte del gobierno de la provincia de Misiones, en un intento de hacer un llamado a la “paz” por los distintos conflictos que se han presentado en el marco de mejoras salariales para los empleados públicos provinciales en las últimas semanas.

Este intento de mostrar fortaleza por parte del gobierno provincial retrata una cruda y triste verdad que difícilmente quieran aceptar: comenzó el declive de su legitimidad.

Si nos ponemos a analizar en frío esta convocatoria, podemos darnos cuenta de que es digna de aquellas dadas no solo por los gobiernos kirchneristas, sino también por aquellos sindicalistas de izquierda que tanto daño hacen a nuestra sociedad. Utilizando prácticas demagógicas de las más despreciables, nos damos cuenta de que la única forma que existe para que el gobierno provincial convoque a partidarios “afines” a ellos es prometiendo no solo la movilidad hasta la zona madre de dicho evento, sino también entregando bolsas repletas de mercadería post evento, sin dejar de lado todo el show montado con bandas, parlantes y comida. Todo un circo mediático que busca insuflar vida a un cadáver en descomposición.

El gobierno provincial alega la escasez de fondos suficientes para atender los pedidos de su población, ya sea por la falta de compromiso del gobierno nacional, por el pasado acumulado de gestiones nacionales anteriores o por la situación económica que atraviesa el país. Pretextos continuos que buscan mostrar la falta de responsabilidad del gobierno provincial ante esta problemática. Sin embargo, en contra parte de su discurso previsor, tienen la osadía de montar una obra sensacionalista con dinero público, a costa de todoslos contribuyentes y de aquellos que hoy buscan y reclaman por alcanzar siquiera la canasta básica.

El aparato estatal misionero está en su punto culminante, debido a que muestra síntomas de transición a una de las fases a las que incurre el Estado indirectamente en su círculo vicioso de ostentación del poder central, y es la falta de confianza irreversible. Sus ciudadanos, al transitar un determinado tiempo (en nuestro caso, más de 20 años) con la misma concordancia discursiva y con una situación que empeora año tras año debido a la potencialidad corruptible de sus políticos, comienzan a mostrar síntomas de desconfianza hacia sus gobernantes, en este caso los locales. Por supuesto, cada Estado y entidad es diferente de por sí, y los tiempos que pueden incurrir hasta llegar a esta desconfianza pueden ser muy arbitrarios. Si ponemos de ejemplo nuestro Estado nacional, fueron más de 100 años para alcanzar un cambio serio como el que promete y lucha el presidente Javier Milei día a día.

La indignación de los ciudadanos no se limita a la falta de respuestas concretas por parte del gobierno provincial. Se extiende a la evidente desconexión entre quienes ostentan el poder local y la realidad que enfrenta el pueblo misionero al salir a las calles. Mientras los funcionarios se regodean en sus despachos con lujos y privilegios, la mayoría de la población lucha por llegar a fin de mes, enfrentando la precariedad laboral y la inflación descontrolada. Esta brecha entre gobernantes y gobernados no hace más que alimentar el fuego del descontento y fortalecer la determinación de aquellos que exigen un cambio real y significativo en el panorama político de la provincia, y no un simple cambio de rostro cada 4 años.

Solo el tiempo dirá si el descontento social de los últimos días incurre en un cambio de época para los años venideros. Y si este gobierno de infaustos en el poder termina de una vez esta oleada de desdichas que transita nuestra provincia desde hace más de una década.