El uruguayo Luis Almagro consiguió su reelección al frente de la OEA por 23 votos frente a 10 de la candidata María Fernanda Espinosa, quien fuera canciller del ex presidente ecuatoriano Rafael Correa. Informaciones indican que la mayoría de 23 votos -sobre un total de 34 estados miembros de la OEA- fue alcanzada por el apoyo declarado de Brasil, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Chile, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, Haití, Panamá, Paraguay, Uruguay y Venezuela (representada por Juan Guaidó) y -aparentemente- por Bahamas, El Salvador, Guyana, Honduras, Jamaica, Santa Lucía, Perú y Belize. Un factor adicional en favor de Almagro lo jugó el hecho de que Perú retiró a su candidato, Hugo de Cela, volcando su voto y el de algunos otros países en favor de Almagro.

En tanto, Espinosa era promovida por los países aliados al régimen castrochavista venezolano de Nicolás Maduro y acompañada por gobiernos democráticos denominados “progresistas” como el de Argentina y México.

Los diez votos que obtuvo Espinosa los formaron Argentina, México y Nicaragua -los gobiernos respectivos de esos países así lo declararon- y presuntamente por Antigua y Barbuda, Barbados, Granada, San Vicente y Granadinas, Surinam, Trinidad y Tobago y St. Kitts y Nevis. Los gobiernos del llamado socialismo del siglo XXI y sus partidarios ven en Almagro un traidor, un hombre surgido de la izquierda democrática -recordemos que fue canciller del uruguayo José “Pepe” Mujica- quien una vez al frente de la OEA se puso al servicio de los Estados Unidos.

El cambio político en nuestro país a fines de 2019 modificó en forma drástica el sistema de alianzas regionales de la Argentina. El gobierno argentino del Presidente Alberto Fernández mantuvo una postura de fuerte crítica al accionar del secretario general Almagro, quien era apoyado por la Administración Macri. El propio designado embajador argentino ante el organismo Carlos Raimundi declaró horas antes de la votación que su intención era “evitar la continuidad de Almagro en la OEA” (Letra P, 19 de marzo de 2020). Su caso es curioso: apuntó un primer fracaso diplomático aun antes de asumir su cargo.

En la interminable crisis venezolana y la interpretación sobre los recientes sucesos en Bolivia se pueden hallar las causas de esa divergencia. Durante sus cinco años al frente de la OEA, Almagro mantuvo una dura postura frente a la dictadura del Presidente Hugo Chávez y su sucesor Nicolás Maduro buscando la aplicación de la Carta Democrática Interamericana al caso de Venezuela. Esa militancia lo llevó a ser calificado como funcional a los intereses de los Estados Unidos, en especial desde la llegada de la Administración Trump en enero de 2017, cuando Washington adoptó una mirada de duro rechazo al régimen de Caracas.

El rol de Almagro en la crisis boliviana desatada a fines de 2019 volvió a despertar el rechazo del bloque del llamado Socialismo del Siglo XXI más algunos otros gobiernos de tendencia “progresista”. La OEA comandada por Almagro reconoció rápidamente al gobierno provisional de Jeanine Añez tras la renuncia del presidente Evo Morales, el vicepresidente Alvaro García Linera y la de varios funcionarios que los seguían en la línea sucesoria, provocando la crítica inmediata de sus detractores quienes vieron en los hechos nada más ni nada menos que un golpe de Estado. Determinar si los hechos que tuvieron lugar en Bolivia en la tercera semana de noviembre de ese año constituyeron o no un golpe de Estado es un tema que será abordado por la Historia, la ciencia política y la academia pero es, fundamentalmente, un asunto político. Lo cierto es que Evo Morales se colocó a si mismo en la posición de un dictador al forzar todo el sistema electoral de su país para aspirar a un cuarto mandato presidencial consecutivo. El propio Lula da Silva reconoció el 22 de noviembre pasado que “mi amigo Evo se equivocó al buscar un cuarto mandato como presidente”.

¿Acaso Evo buscó el sueño de eternidad acariciado por Chávez y su sucesor Maduro desde 1998 o por Daniel Ortega tras su vuelta al poder en Nicaragua 2006, por no mencionar al padre ideológico de todos ellos, Fidel Castro, quien ha impuesto una tiranía comunista en Cuba desde 1962? Algunos constitucionalistas y analistas políticos sostienen que la introducción de la reelección presidencial -sobre todo cuando es ilimitada- supone una alteración en el sistema democrático y republicano allí donde se aplica. Esta realidad tendría una expresión aún más evidente a la luz de la historia y la cultura política latinoamericana, a menudo dominada por el caudillismo y el bajo apego institucional. El peligro de la reelección ha llevado a algunos países como México o Paraguay a prohibirlas para siempre. Las experiencias de las interminables presidencias de Porfirio Díaz, el eterno presidente azteca entre 1877 y 1911 o la infinita dictadura de Alfredo Stroessner (1954-1989) en Paraguay marcaron para siempre a esos países.

En el siglo XXI los desafíos a la democracia en nuestro hemisferio no provienen de golpes militares como era de estilo en el siglo pasado. En nuestro tiempo esos retos surgen cuando gobiernos elegidos democráticamente una vez en el poder utilizan las herramientas del Estado para desmontar una a una las instituciones republicanas como son la división de poderes, la rotación en los cargos, el acceso a la información pública y la existencia de un sistema de prensa libre. En algunos casos, esa desnaturalización del sistema lleva a que lo que se opera genuinamente es un cambio de régimen en el que muere la democracia y surge una verdadera dictadura.

Lo cierto es que Almagro fue reelegido por un amplísimo margen en la Asamblea de la OEA que tuvo lugar en la mañana del viernes 20 de marzo. En medio de días aciagos, en los que nuestros países y el mundo entero enfrentan una catástrofe sanitaria, la causa de la libertad y los derechos humanos pudo anotar un resonante triunfo.

Por Mariano Caucino, especialista en relaciones internacionales, sirvió como embajador argentino ante el Estado de Israel y Costa Rica.